El director del PTA niega que se ocultaran datos a la Junta para lograr subvenciones

El director del Parque Tecnológico de Andalucía y presidente en 2011 del patronato de la Fundación para la Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos (Fibic), Felipe Romera, declaró ayer en el juicio por presuntas irregularidades en subvenciones a dicha entidad para construir un edificio y aseguró que la fundación entregó "toda la documentación" a la Junta de Andalucía para pedir la ayuda, en contra de lo que sostienen las acusaciones de que se ocultaron datos de otras subvenciones anteriores.

El Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga comenzó ayer la vista oral por esta causa en la que, además de a Romera, se juzga al ex secretario general de Universidades Francisco Triguero, al ex rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) Juan Manuel Suárez Japón y tres personas vinculadas a la fundación o a la tramitación de las ayudas, solicitando el fiscal tres años de prisión y multa de 2,5 millones de euros para cada uno por un delito contra la Hacienda Pública de fraude en subvenciones. Romera explicó que cuando entró en el patronato de dicha fundación su objetivo era dar "una solución con el menor desembolso posible" a la situación financiera que atravesaba la entidad, con un edificio, el del centro de investigación Cibic, "a medio construir" y una empresa que no podía seguir la ejecución, además de que la Intervención General del Estado había pedido el reintegro del importe de unas ayudas concedidas.

Así, explicó que la propuesta que realizó al patronato fue la de pedir una subvención excepcional, indicando en ella que parte de ese dinero iba a ser para pagar los reintegros, algo que señaló "es legal". Además, indicó que se realizaron declaraciones sobre la situación económica y sobre las ayudas recibidas previamente, con lo que "la Consejería tenía toda la información".

"La Fundación entrega toda la documentación y la Junta luego hace lo oportuno con esa documentación", indicó Romera. Sobre la acusación del fiscal de que omitieron en sus solicitudes de ayudas determinados documentos relativos a otras subvenciones para pasar el filtro de la Intervención, indicó que no conocía dicha omisión. Romera indicó que su participación se debió a que era un proyecto importante para el PTA y como director tenía "la responsabilidad moral" de ayudar, por "compromiso público".