La empresa concesionaria del Metro de Málaga, encargada de su explotación comercial hasta finales del año 2042, cerró el pasado ejercicio 2014 con unos beneficios próximos a los 20 millones de euros. Así consta en las cuentas anuales registradas por la sociedad, correspondientes al primero de los periodos en que los trenes entraron en funcionamiento y desplazaron poco más de dos millones de usuarios en un intervalo de apenas cinco meses. De la citada suma, 17,7 millones se destinan a reservas voluntarias

Los parámetros económicos incluidos en el documento, al que tuvo acceso este periódico, vienen a corroborar la idea de que el suburbano es, por sus condiciones de concesión, un proyecto de alta rentabilidad para sus socios. En buena medida porque, al menos en lo correspondiente a 2014, el peso que tienen los ingresos dependientes del número de pasajeros es apenas simbólico. Sirva como ejemplo que de la facturación global registrada por la empresa, 51 millones, apenas 1.482.317,10 euros proceden de la venta de billetes o tarjetas multiviajes.

El mayor porcentaje de esta importante suma está directamente vinculada a las ventajosas condiciones marcadas en el contrato suscrito con la Junta de Andalucía, administración obligada a compensar económicamente a la firma para que el uso del Metro por parte de los viajeros sea mucho menos gravoso para sus bolsillos. Ello supone el aporte de unos 3,2 euros por cada pasajero, cifra que se corresponde con la diferencia que existe entre la tarifa técnica (coste real del servicio) y lo que abona realmente el usuario, que ronda los 0,8 euros.

Tomando en consideración esta particularidad, tal y como reflejan las cuentas, hay que sumar a lo ingresado por los billetes otros 17,7 millones "correspondientes a la parte de las aportaciones fijas de la Administración vinculados con el inmovilizado intangible". Conforme a lo que se marca en el documento, este montante queda reflejado dentro de la cifra de negocios, a pesar de que se trata de subvenciones/aportaciones no relacionadas "con las unidades de servicios prestados, ni retribuyen la prestación de los servicios de transporte, ni forman parte del precio de venta, sino que se han concedido con la finalidad de alcanzar el equilibrio económico financiero de la concesión". El tercer elemento a considerar en la cifra de negocios alcanza los 31,8 millones de euros, vinculados al acuerdo de concesión con la Administración regional.

El escenario en el que se maneja en los últimos años este proyecto está marcado a fuego por los retrasos en su puesta en funcionamiento y las modificaciones de trazado. Una doble circunstancia que se deja notar y mucho en las aportaciones que la Junta ha de hacer a la concesionaria. Sirva de ejemplo que, con independencia del buen o mal funcionamiento del suburbano, al menos hasta el año 2020 (siempre que el Metro culmine su recorrido completo hasta Atarazanas, de un lado, y el Civil, de otro a mediados de 2018), tendrá que aportar de media unos 70 millones de euros anuales.

El propio escrito pone de relieve la existencia en los últimos cinco años de dos modificaciones contractuales. La primera, de 26 de marzo de 2010, después de que la Agencia de Obra Pública de Andalucía asumiese la construcción directa de parte de los tramos del suburbano, dada la existencia de "diferencias relevantes en la inversión final" programada. El efecto inmediato es que a Metro Málaga se le reconoció una inversión material de 499,1 millones de euros (la adjudicación, incluyendo el material móvil, fue de 403 millones) por ejecutar tres de los seis tramos en los que se dividió el recorrido de los ramales de Carretera de Cádiz y Teatinos. Asimismo, se adaptó la subvención de capital durante el periodo de construcción hasta 201,1 millones.

La segunda modificación data del 16 de julio de 2014. Con ella se dio encaje al acuerdo que un año antes alcanzaron los socios público y privado para prorrogar la puesta en servicio de la infraestructura hasta El Perchel, de un lado, y justificar otra alteración en el trazado. El Metro que iba a llegar soterrado hasta La Malagueta desaparecía para ser sustituido por un proyecto que culminará soterrado en la Alameda Principal y, en superficie, en el entorno de los hospitales Civil y Materno Infantil.

A cambio, se produjo un incremento del presupuesto global de la inversión material de obras hasta los 523,9 millones de euros, y se fijó la modificación del modelo para restablecer el equilibrio económico financiero de la concesionaria. Las propias cuentas aluden a un aumento de casi 11,5 millones del importe de las subvenciones de capital, que a 31 de diciembre de 2014 alcanzaba los 212,6 millones. De ellos se habría cobrado a esa misma fecha 205 millones, quedando pendientes otros 7,6 millones.

Frente a los números en azul, las cuentas anuales muestran la existencia de unas deudas a largo plazo con entidades financieras (principalmente con el Banco Europeo de Inversiones) de 309,7 millones de euros, a los que agregar otros 9,5 millones de deuda a corto plazo. El préstamo suscrito con el BEI alcanza los 325 millones de euros, teniendo que se devuelto en un 68 pagos trimestrales consecutivos, el primero de ellos con vencimiento el 15 de marzo de 2014 y el último el 15 de diciembre de 2030. En 2014, la sociedad concesionaria amortizó 6.175.000 euros.