La Asociación de Empresarios de los Polígonos Industriales de Málaga, Apoma, da un paso adelante y se compromete a sufragar el coste de los proyectos de ejecución de las obras con las que rebajar el riesgo de inundabilidad que pesa desde hace años sobre la parte baja del río Guadalhorce y que fueron analizadas en el marco de un estudio encargado por el Ayuntamiento de la capital.

El presidente del colectivo, Sergio Cuberos, fue claro al subraya la apuesta del empresariado por colaborar de manera activa en esta actuación con el objetivo de difuminar la sombra de duda que afecta a buena parte de los suelos industriales de la ciudad, tanto los ya consolidados como los pendientes de desarrollo. No obstante, condicionó este avance a que previamente la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento "se comprometan por escrito a que van a aceptar los proyectos que se redacten y que van a impulsar la ejecución de las obras previstas".

Imagen de la huella de inundabilidad con y sin las obras contempladas.

"Nuestra preocupación es que el proyecto se ejecute; no tiene sentido que paguemos su redacción y que luego la Junta lo guarde en un cajón", aseguró Cuberos, quien incidió en la necesidad de que las soluciones "blandas" planteadas por el ingeniero Manuel Aldeanueva sean materializadas. De acuerdo con las estimaciones iniciales, estos trabajos pueden conllevar una inversión de unos 4 millones de euros y un plazo de algo más de un año. A pesar de ello, los efectos sobre el entorno son elevados, ya que permitirían ganar capacidad para un caudal de 1.100 metros cúbicos por segundo.

La reclamación que ahora verbaliza el presidente de Apoma fue expresada hace algunas semanas a la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y al concejal de Ordenación del Territorio en funciones, Francisco Pomares. Mientras la posición del equipo de gobierno del PP hasta la fecha ha sido clara, llegando a comprometerse a pagar la mitad de la obra, desde el Gobierno andaluz por el momento no existe una respuesta clara. "Lo que dice la Junta es que lo que digan los técnicos", precisó Cuberos. Cabe recordar que el informe de Aldeanueva ya contó con el aval de la Consejería de Medio Ambiente.

El estudio municipal, incluye, entre otras actuaciones, el recrecido de la margen izquierda de los arroyos Padro de Jurado, de las Yeguas, Boticario y Pocapringe en su confluencia con el encauzamiento del río Guadalhorce; el acondicionamiento a su estado original del encauzamiento en el entorno del ferrocarril de Cercanías Málaga-Fuengirola, con la retirada de acopios de material; la restauración del cauce de aguas bajas a las condiciones del proyecto original y el rebaje del cauce de aguas altas en las cercanías del puente de la MA-21, apertura total del segundo arco de avenida de la margen izquierda y la modificación de las tuberías de impulsión de la zona oeste de Málaga y Torremolinos bajo el puente de la MA-21.

Y todo ello en un escenario en el que sigue sin aclararse cuál va a ser el camino que tome la Junta tras las varias sentencias emitidas por el Tribunal Supremo anulando los planes de riesgo e inundabilidad del Guadalhorce. "Estamos pendientes de saber en qué situación nos encontramos tras las sentencias, si estos planes desaparecen, si se van a hacer otros", admitió Cuberos. Los pronunciamientos judiciales toman como punto de partida la vulneración "de la participación ciudadana".