Pese a que la creación de los juzgados de violencia contra la mujer ha sido un gran avance en los últimos años, los profesionales que realizan las evaluaciones psicológicas y sociales -claves en esos casos- tienen unas condiciones laborales más que precarias ya que son contratados como autónomos por la Junta de Andalucía. Nueve han interpuesto una reclamación para que se les reconozca su relación laboral con la Administración autonómica, pero el lunes se quedan en el paro porque acaba su contrato de asistencia técnica.

El conflicto laboral amenaza con repercutir de lleno en la actividad de los juzgados de violencia de género y de todas aquellas instancias judiciales que dirimen estas causas. Así lo comunicó ayer a una decena de juzgados de toda la provincia la coordinadora de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género, Inés Domenech. En un escrito, apunta que debido a la finalización de los contrataciones a día 28 de febrero, "este Instituto de Medicina Legal no puede proceder a las citaciones y posteriores evaluaciones de las personas implicadas en los procesos de violencia de género, quedando paralizado el servicio hasta que la Delegación de Justicia resuelva la situación".

Los cuatro trabajadores sociales y cinco psicólogos tienen un contrato mercantil de asistencia técnica con la Junta, aunque trabajan en los juzgados, cumplen un horario, usan el correo electrónico de la Administración autonómica, ésta es su única contratante y fija el precio de su trabajo. Además, mientras los médicos forenses y un trabajador social de las unidades de valoración integral de violencia de género son personal laboral, los nueve que han interpuesto la reclamación -que también forman esos dispositivos- son autónomos. "Falsos autónomos", según una fuente judicial que insistió que a partir del lunes los juzgados "se quedan sin los equipos psicosociales" cuyo trabajo consiste en la evaluación psicológica y social de las víctimas, sus agresores y de los hijos.

La Junta incluso convocó un concurso para adjudicar el servicio, pero fue declarado desierto. Los nueve profesionales han tenido sucesivos contratos de asistencia técnica que se han ido renovando. Pero durante los meses de noviembre y diciembre -en el caso de los psicólogos- y este último -en el de los trabajadores sociales- han acudido a los juzgados a realizar su labor sin ningún tipo de documento contractual, según las fuentes.