La expropiación de una parcela de suelo para la construcción de 26 viviendas de protección oficial (VPO) en alquiler en el barrio de La Trinidad en los años 90 le ha terminado costando a la Junta de Andalucía 6,5 millones de euros. La cifra final multiplica por 21 los 300.000 euros que fijó la Administración regional cuando acometió la enajenación del terreno, hace casi tres décadas.

La propuesta fue rechazada por la propietaria de la finca, la empresa Ropely, que acudió a los tribunales, que finalmente le han dado la razón. De acuerdo con los datos aportados a este periódico por los actuales responsables de la Junta, primero fue el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el que valoró los argumentos de la firma privada, elevando a 1,6 millones el justiprecio al que tenía que hacer frente la Administración regional.

A pesar de esta elevación en la compensación económica, Ropely recurrió el fallo judicial ante el Tribunal Supremo exigiendo 3 millones. Finalmente, el alto tribunal, en 2017, fijó el precio en 2,4 millones, a los que sumar los intereses de demora acumulados desde que se formalizó la adquisición, lo que se tradujo en unos 4 millones de euros.

La reclamación de Ropely se fundamentó en la existencia, dentro de la parcela expropiada, de un bien patrimonial de valor histórico y cultural, que es la torre de un antiguo convento. La misma se conserva en lo que es el patio central del conjunto de las 26 viviendas construidas en dicho solar.

La sentencia del Supremo, fechada en mayo de 2017, precisa que el bien afectado se localizaba en la calle La Puente, estando compuesto de un edificio de planta baja y dos altas, levantado sobre un solar de 772 metros cuadrados, con una superficie construida de 1.841 metros. De ellos, 727 "se destinaban a uso comercial y el resto a residencial, capilla o camerín del año 1713 y de estilo barroco y pinturas murales con motivos geométricos del siglo XVIII existentes en la fachada del edificio". El fallo recurrido asumía la valoración realizada por el perito judicial, que situó el justiprecio en casi 2,4 millones, desglosados en casi 2 millones por el edificio y otros 403.707 euros por la capilla y pinturas.

El detalle económico queda recogido en el documento del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2020, en el que se precisa que la liquidación de la deuda acumulada quedó zanjada a finales de 2018. Desde la Administración regional se insiste en que se trata de "un largo proceso derivado de una mala gestión por parte de anteriores gobiernos".

Aunque ahora es la Junta la que se ve afectada por el incremento de valor de una expropiación, no es la única administración que viene sufriendo desde hace años este problema. La cuestión se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza en la última década para el Ayuntamiento de Málaga, que ha tenido que pagar cantidades millonarias, muy superiores a lo inicialmente previsto, por terrenos no siempre necesarios.

Un ejemplo de ello es lo ocurrido con una parcela de 6.444 metros localizada junto a la sede del OMAU por la que tuvo que abonar 7,5 millones (2 de ellos por intereses acumulados), pero cuyas elevadas pendientes la convierten prácticamente en inservible. Las condiciones del solar hicieron que hasta el propio alcalde, Francisco de la Torre, llegase a ironizar con ella, apuntaron que iba a ser una zona verde "para ver no para pisar, para hacer alpinismo".