En el colegio Carmen de Burgos hay un censo de 74 escolares con necesidades específicas de apoyo educativo. Tan solo una monitora PTIS (personal técnico de integración social) se encarga de todos los menores que requieren asistencia.

En el CEIP Los Ángeles, una alumna de cuatro años con trastorno del lenguaje y retraso madurativo, y junto a ella el resto de compañeros, llevan dos meses sin monitora por no cubrir su baja. Y en el colegio Jardín Botánico de la Cala de Mijas hay dos aulas específicas y 40 niños integrados en aulas ordinarias. Comparten a la orientadora con otro centro y tan sólo cuentan con una profesora de Audición y Lenguaje para todos los casos.

Estos tres ejemplos sirven para radiografiar la situación de las necesidades especiales. Los diagnósticos aumentan todos los años pero los recursos destinados para ellos no crecen en igual medida. Así lo demandan las familias de los escolares, que luchan a diario “para que se cumplan los derechos de estos niños”.

Representantes de una docena de ampas se unirán este viernes 17 de enero a la convocatoria de Marea Verde en una concentración a partir de las 10:30 en la puerta de la Delegación Territorial de Educación. Exigirán la ordenación y regulación para los especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL), PTIS y Orientación.

"Siempre hay recortes y no entendemos que con estos niños haya recortes"

“Llevamos dos meses sin monitora porque está de baja, desde la Junta no mandan a nadie, dicen que no hay dinero, siempre hay recortes y no entendemos que con estos niños haya recortes”, dice Eva María Ortega, cuya hija está escolarizada en el CEIP Los Ángeles. A esta madre le negaron la matrícula en centros más cercanos a su domicilio porque no tenían los recursos adecuados y ahora lleva dos meses sin monitora.

“Los profesores se van turnando entre ellos, se echan una mano y van haciendo lo que pueden, son unos grandes profesionales”, agrega. Pero subraya que “si el día a día es duro imagine teniendo que estar luchando constantemente por un derecho que es de ellos”.

Eva María Ortega agrega que tanto el AL como el PT “cuentan con muy poco tiempo para dedicarle a los niños porque tienen muchos, se tienen que dividir para que todos puedan tener un poco de terapia, no hay suficientes recursos”. Y hay casos aún peores, familias que tienen a los hijos en centros diferentes o que se tienen que desplazar a otro municipio para que puedan tener sus necesidades atendidas.

"Van aumentando los casos y estamos saturados, los recursos se han quedado insuficientes"

Antonia Calvente tiene dos hijos con trastorno del espectro autista escolarizados en el CEIP Carmen de Burgos. “Somos uno de los centros con un censo más alto de necesidades especiales y siempre deniegan una segunda monitora cada vez que la dirección la pide”, indica Antonia.

“Vamos admitiendo y matriculando a nuevos alumnos con necesidades de apoyo educativo sin sumar recursos, esa es la realidad de nuestro centro y de muchos, van aumentando los casos y estamos saturados, los recursos se han quedado insuficientes”, agrega esta madre.

Maira Gómez, madre del colegio Jardín Botánico de la Cala de Mijas, ha elevado escritos no solo a la Delegación de Educación, también al Defensor del Pueblo. “Sufrimos discriminación en muchos casos, a mi hija no la quieren aceptar en actividades extraescolares porque no hay profesionales especializados”, afirma.

"Seguimos siendo invisibles, aún hay mucha lucha por hacer, solo pedimos derechos, no privilegios"

El colegio es el único que cuenta con aulas específicas en la Cala de Mijas. Cuando los alumnos pasen al instituto tendrán que acudir a centros de otros municipios. “Seguimos siendo invisibles, aún hay mucha lucha por hacer”, agrega Maira.

Esta madre ha observado una regresión en su hija, una niña de 9 años con una lesión cerebral, y quiere un cambio de aula específica. “Pedí en septiembre una reunión con la orientadora y no ha podido recibirme hasta enero porque está sobrepasada”, subraya Maira. Y destaca que “haremos lo que haga falta para que esto cambie. Hay que visibilizar los problemas, solo pedimos derechos, no privilegios”. Para Maira, que la ratio de estos profesionales específicos no esté determinada es uno de los problemas del colectivo.