El fiscal reduce a multa el caso de corrupción en Manilva
Anticorrupción modifica la acusación y atribuye al ex alcalde Pedro Tirado un delito de cohecho impropio penado con sanción económica y suspensión para cargo público


La Fiscalía Anticorrupción modificó ayer sustancialmente la acusación contra el ex alcalde de Manilva, el independiente Pedro Tirado, al entender que recibió sobornos de una promotora inmobiliaria no para aprobar ningún acto injusto, sino simplemente para dar luz verde a un convenio urbanístico perfectamente legal. Esta modalidad de cohecho está penada en el Código Penal de 1995 (aplicable en este caso) con multas que en el peor de los casos pueden llegar hasta el triple del valor del soborno y a suspensión de entre seis meses y tres años para ejercer cargos públicos.
Pedro Tirado, al que la Policía halló 762.000 euros en metálico en su domicilio, fue acusado inicialmente de prevaricación y cohecho. Posteriormente la Audiencia de Málaga atendió un recurso de su defensa y limitó los cargos a cohecho. En estas circunstancias la Fiscalía Anticorrupción solicitó en su escrito de acusación provisional dos años de cárcel y tres millones de multa, pero ayer anunció que rebaja la acusación.
La particularidad de este cambio de criterio reside en que no viene motivado por ningún acontecimiento nuevo, sino que responde única y exclusivamente a una nueva interpretación jurídica de los hechos que tiene lugar siete años después de que se llevara a cabo la operación. Pedro Tirado fue detenido en octubre de 2005 acusado de cobrar sobornos a cambio de favores urbanísticos en la finca La Parrada, de 130 hectáreas de extensión.
Los terrenos fueron comprados por la sociedad Royal Marbella Estates entre septiembre de 2002 y julio de 2003 por 9,7 millones de euros. Un año después los vendió por 101,6 millones de euros más 16,2 millones de IVA. Este fabuloso pelotazo fue posible gracias a los dos convenios que la empresa había firmado con Pedro Tirado, que le permitían elevar la densidad de la parcela de 10 a 18 viviendas por hectárea. La vista oral contra Pedro Tirado, su cuñado Francisco Calle, el promotor finlandés Aki Kujala y el supuesto testaferro Rafael Fernández se retomó ayer, dos años después de que la Sección Octava de la Audiencia de Málaga suspendiera el juicio para solicitar una comisión rogatoria a Liechtenstein con el fin de aclarar el origen de los fondos que se emplearon en comprar La Parrada.
La Fiscalía Anticorrupción, además, ha retirado una de las dos acusaciones por blanqueo de capitales que había formulado contra el empresario Aki Kujala. Este cambio es consecuencia de lo ocurrido en el caso Ballena Blanca, donde también estuvo acusado de blanqueo de capitales y resultó absuelto.
Por otra parte, las defensas de los acusados exigieron ayer al tribunal que anule la investigación al completo. Los abogados argumentan que la operación de La Parrada se empezó a investigar a raíz de unas conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía cuando investigaba el caso Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales.
Allí S.B., de Royal Marbella Estates, hablaba de comprar "unos regalitos", aludiendo a relojes de la marca Hublot, para tres concejales de Manilva. El juez de instrucción autorizó a la Policía a analizar estas conversaciones para investigar La Parrada. El problema es que la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga declaró nulas estas escuchas telefónicas y la Fiscalía no ha recurrido esa nulidad.
Las defensas sostienen que todas las pesquisas partieron de los pinchazos telefónicos, que se convirtieron en los cimientos sobre los que se construyó la acusación. En definitiva, afirman que si no hay escuchas, no hay caso. La Fiscalía, en cambio, indicó ayer que se anularon las intervenciones de los teléfonos de otros sospechosos de Ballena Blanca, pero no los de Aki Kujala. Además subrayó que la primera vez que el juez de instrucción oyó hablar de La Parrada no fue por los pinchazos telefónicos, sino porque el propio empresario finlandés aludió a esta operación urbanística para justificar sus ingresos en el caso Ballena Blanca.
Aki Kujala reconoció durante su declaración ante el tribunal de La Parrada que llegó a ganar cerca de 10 millones de euros en aquella operación. Explicó que se asoció con el cuñado del alcalde, Francisco Calle, en la sociedad Gestierra porque querían desarrollar el terreno, pero que, finalmente, se ocuparon de venderlo gracias a un contrato de exclusividad que tenían firmado con Royal Marbella Estates. Insistió en que su alianza con Calle respondía sólo a su buen conocimiento del negocio del golf y no a su condición de familiar del alcalde que debía dar luz verde al aumento de densidad residencial.
Para la Fiscalía, sin embargo, Gestierra fue sólo una sociedad creada para darle salida a las supuestas comisiones ilegales. El juicio continúa hoy con la declaración de Pedro Tirado.
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