La Guardia Civil alerta de que ya circulan perfiles con IA con imágenes falsas de agentes

La Guardia Civil ha alertado sobre la detección de perfiles en redes sociales que difunden imágenes falsas de guardias civiles de uniforme generadas mediante inteligencia artificial. Estos contenidos, creados con técnicas de deepfake, no corresponden a situaciones reales y suponen un riesgo de desinformación para la ciudadanía.

Desde su perfil en la red social X, antes Twitter, el Instituto Armado insiste en que en Internet circula contenido manipulado que puede parecer auténtico, por lo que se recomienda informarse siempre a través de fuentes oficiales y verificar la información antes de compartirla.

La advertencia se produce en un contexto de refuerzo del marco legal frente a los abusos derivados del uso de la inteligencia artificial. En marzo de 2025, el Gobierno aprobó una reforma legal para tipificar como delito los deepfakes de contenido sexual y el grooming. El objetivo de esta normativa es frenar la manipulación de imágenes y voces creadas con inteligencia artificial, así como proteger de forma más eficaz a las víctimas, especialmente a las personas menores de edad.

Se trata de una iniciativa pionera en Europa, ya que el proyecto tenía prevista la reforma del Código Penal para penalizar tanto los deepfakes —ultrafalsificaciones que utilizan el rostro o el cuerpo de una persona sin su consentimiento— de contenido sexual, como el grooming, definido como el engaño a una persona menor mediante una identidad ficticia, generalmente relacionada con la edad. Este último pasa a considerarse un agravante en determinados delitos sexuales. La ley incorpora además la pena de prohibición de acceso o comunicación en entornos digitales, con el fin de reducir la revictimización y la reincidencia.

La norma reconoce los derechos de las personas menores a una protección eficaz frente a contenidos digitales perjudiciales para su desarrollo, al acceso a información veraz y adaptada a su edad sobre el uso de la tecnología y sus riesgos, así como al acceso equitativo a dispositivos, conectividad y formación digital.

En este sentido, establece obligaciones para los fabricantes de dispositivos, como la inclusión de sistemas de control parental accesibles, gratuitos y activados por defecto. También prohíbe, con carácter general, el acceso de menores a mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas digitales, conocidos como loot boxes.

En el ámbito educativo, la ley impulsa el desarrollo de competencias digitales y el uso responsable de la tecnología, y prevé que los centros educativos dispongan de una regulación específica sobre el uso de dispositivos móviles y digitales tanto en el aula como en el resto de instalaciones escolares.

Desde el punto de vista sanitario, obliga a las administraciones competentes a elaborar guías y programas de prevención y promoción de la salud, así como a desarrollar protocolos de atención específicos frente a comportamientos adictivos relacionados con la tecnología.

Asimismo, la norma impone a los poderes públicos el deber de promover un acceso libre e igualitario al entorno digital y de elaborar una Estrategia Nacional para la protección de la infancia y la adolescencia en el ámbito digital, que será responsabilidad del Ministerio de Juventud e Infancia.

Por último, refuerza la protección frente a cualquier forma de violencia de género o sexual en el entorno digital, al reconocer la condición de víctima y garantizar el acceso pleno a servicios de información, orientación, acogida y asistencia psicológica, social y jurídica.