Las herencias han experimentado en los últimos años en la provincia un repunte espectacular hasta el punto de que, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra de operaciones cerradas en 2015 superó en un 16% los registros previos a la crisis. Hasta noviembre del año pasado se formalizaron en Málaga 6.565 transmisiones de bienes, frente a las 6.562 que se produjeron en 2007. Ni siquiera la reactivación del mercado inmobiliario ha tenido un comportamiento tan rumboso. ¿Por qué? ¿Qué significa este dato? ¿Acaso ahora hay más personas dispuestas a legar su patrimonio? ¿Se ha producido un inopinado aumento de las muertes? Joaquín Mateo Estévez, delegado del Colegio de Notarios, apunta una explicación muy esclarecedora: el interés de las administraciones por cobrar los impuestos derivados de las sucesiones y evitar su prescripción.

Los registros del Instituto Nacional de Estadística reflejan una caída moderada del número de transmisiones a través de herencias entre 2007 y 2010. Sin embargo, en 2011, justo cuando el país se internaba en la etapa más dura de la crisis, incluso bajo la alargada sombra del rescate institucional, la cifra de herencias empezó a crecer contra todo pronóstico. En 2012 aumentó de nuevo y, aunque en 2013 sufrió un tropiezo, en 2014 recuperó la senda alcista en la que se ha mantenido en 2015. Las cifras provinciales que arroja el INE son plenamente coherentes con la experiencia particular vivida en la notaría de Joaquín Mateo Estévez, con 194 herencias en 2015 y 120 en 2007. 

Para entender este comportamiento hay que tener en cuenta el desplome de los ingresos públicos derivados de la crisis del ladrillo. La actividad inmobiliaria nutrió con generosidad las arcas, sobre todo en los ayuntamientos, hasta que el crack cortó este suministro y las entidades públicas se vieron en la obligación de afinar sus estrategias de recaudación, más aún cuando debían asumir también la presión para corregir el déficit. En este escenario, tributos que hasta entonces no tenían un gran peso específico empezaron a cobrar importancia.

 Las herencias están sometidas a dos tipos de impuestos: locales que gravan el incremento de valor que haya experimentado el bien y que fijan los ayuntamientos dentro de una horquilla prefijada por el Gobierno y el impuesto de sucesiones, de naturaleza estatal que, no obstante, ha sido cedido a las comunidades autónomas, a las que también se les ofrece un margen para que fijen los coeficientes que aplican. En Andalucía, las herencias por valor inferior a 175.000 euros no pagan el impuesto de sucesiones. Sin embargo, si sobrepasa esa cifra aunque sea en un solo euro, tributan por la totalidad, circunstancia que Joaquín Mateo considera “tremendamente injusta”. Afirma que sería más equitativo que nadie tuviera que pagar por los primeros 175.000 euros y recuerda que el impuesto de sucesiones ha sido prácticamente eliminado en las comunidades de Madrid, Navarra y País Vasco.

Sin embargo, si el legatario no formaliza la herencia que recibe, las obligaciones fiscales que pesan sobre el patrimonio urbano prescriben pasados cuatro años y medio. Joaquín Mateo no duda de que ayuntamientos y Junta de Andalucía han estado muy atentos durante los últimos años. “Ahora a los tres o cuatro meses, los herederos ya están recibiendo una carta de la Junta o de su ayuntamiento que les recuerda que deben liquidar los impuestos porque si no serán sancionados”.

No obstante, el delegado del Colegio de Notarios matiza que en épocas de bonanza a las familias les interesa tener formalizadas las sucesiones, o “tener arreglados los papeles”, conforme a la expresión popular. Sin embargo, cuando llega la crisis esta es una de tantas decisiones que se aplazan ya sea porque no hay necesidad de vender o porque no es un gasto perentorio. Esa percepción, no obstante, cambia ante la amenaza de una posible sanción. Otro de los efectos que ha tenido la crisis económica sobre las herencias han sido las renuncias. El derrumbe del negocio del ladrillo y la consiguiente bajada de los precios implicó elevó el número de herederos de deudas o de patrimonio cuyo valor resultaba insuficiente para cubrir las cargas que soportaba. Joaquín Mateo Estévez subraya que las renuncias han sido pocas. Casos contados. Sin embargo, en términos relativos han experimentado un gran crecimiento porque previamente apenas existían. “Las renuncias se producen por tres motivos: porque uno de los herederos quiere beneficiar a los otros, por conflictos familiares o para no tener que asumir las deudas del fallecido. Dos de cada diez renuncias se producen por este último motivo”.