Hijos contra padres: la violencia doméstica ejercida por menores en Málaga crece un 70% en un año

La Fiscalía recoge también en su última memoria, relativa a 2024, siete homicidios o asesinatos consumados por jóvenes, dos más que en el ejercicio anterior

Málaga concentra casi la totalidad de los expedientes por acoso escolar tramitados en Andalucía

Un juzgado de menores en Andalucía.
Un juzgado de menores en Andalucía. / José Martínez

Un adolescente a golpes con su madre y sus hermanos pequeños, a los que también habría amenazado con matarlos cuando trataron de mediar. El escenario, una vivienda de Palma-Palmilla. A las 10 y media de la noche, un aviso movilizaba a la Policía. El presunto agresor era entonces detenido por su presunta implicación en un delito de malos tratos en el ámbito familiar. El caso es un ejemplo de una realidad que trasciende las estadísticas: la fractura del núcleo familiar como termómetro de una sociedad en tensión. Los delitos de violencia doméstica cometidos por menores de edad han experimentado, en el último ejercicio, un crecimiento significativo en Málaga. Los expedientes tramitados por el Ministerio Público han pasado de 204 en 2023 a los 347 del ejercicio pasado.

Un asesinato frustrado y dos sicarios detenidos

Si bien la Fiscalía Superior de Andalucía ha detectado un notable descenso de los hechos delictivos cometidos a manos de estos jóvenes -caso de las agresiones sexuales, la violencia de género y tráfico de drogas- la última memoria publicada, relativa a los datos de 2024, refleja un dato preocupante: menores de edad perpetraron en la provincia de Málaga siete homicidios o asesinatos de los 24 registrados en toda Andalucía. Dos más que en el mismo periodo anterior. En agosto, la Policía Nacional frustró un crimen que, supuestamente, iba a ser protagonizado por dos sicarios, uno de ellos menor. La investigación permitió la detención de ambos, que se habían trasladado a España desde suecia con tal objetivo. Los arrestados guardaban relación con una red criminal dedicada al narcotráfico que les facilitó la vivienda y las armas.

Otra cifra que también resalta en este último balance de delitos se refiere a los expedientes tramitados por bullying en las aulas, que este año, por primera vez, recoge la Memoria de la Fiscalía. Y de ahí que no sea posible discernir si estos episodios han aumentado o no. Lo que sí es sabido es que, en 2024, la provincia de Málaga se convirtió en el epicentro de los casos de acoso escolar en Andalucía, al registrar 62 de los 75 expedientes de reforma incoados por este organismo en toda la comunidad autónoma, es decir, más del 80% del total.

El delito del acoso escolar suele estar integrado por otras figuras delictivas, como lesiones o amenazas, y fundamentalmente por el delito contra la integridad moral que recoge artículo 173.1 Código Penal, que también ha sido objeto de estudio estadístico por primera vez este ejercicio.

En su memoria anterior, la Fiscalía ya veía con preocupación la situación de los menores también como agresores. "Son las primeras generaciones del siglo XXI y su acceso a la Justicia penal es cada vez a edades más tempranas", advertía. No en vano, ese 2023 se registró un elevado repunte de menores de 14 años por delitos, que, aún sin ser graves, marcaban una tendencia, con Sevilla y Málaga a la cabeza.

El caso del menor secuestrado por otros cuatro alumnos

Una de las últimas investigaciones en la Costa del Sol relacionada con casos de bullying se remonta al pasado mes de marzo, cuando la Policía informó de la detención de cuatro menores en Málaga por su presunta implicación en el secuestro, bajo la amenaza de cuchillos y machetes, de otro adolescente. Los supuestos implicados mantuvieron retenida a la víctima durante una hora, con la intención de que los condujera hasta donde estaba su hermano.

Apenas un par de meses después volvían a saltar las alarmas. En mayo, la Fiscalía de Menores de Málaga investigaba también un supuesto caso de acoso escolar en un colegio de Casares después de que la madre de la menor denunciara a la Guardia Civil que su hija, de 10 años, sufre "empujones, pellizcos e insultos" de compañeros "de su clase" y que incluso un día la pequeña le dijo que "no quería seguir viviendo". La mujer acusaba al centro educativo de "no hacer nada", y recordaba que hay niños que se suicidan por este fenómeno y se preguntaba: "¿Qué van a esperar, tenerla en una caja de pino?”.

Tras las pesquisas, un juzgado de Menores decretara cautelarmente el internamiento con carácter cerrado, así como una orden de alejamiento respecto a la víctima; medidas que fueron acordadas por el juez a propuesta de la Fiscalía de Menores.

Asimismo, el Ministerio Público ha detectado un descenso o mantenimiento del absentismo escolar en la mayoría de secciones, desde las que se aboga por las labores de coordinación con los distintos operadores educativos, sociales y policiales, en aras a atajar y prevenir su aparición o enquistamiento como reseñan provincias como Gerona, Zamora, Granada, Málaga, Álava y Madrid. Del documento de la Fiscalía se desprende que las principales infracciones que cometen los menores de 18 años en Málaga son delitos de lesiones, con 477 expedientes incoados el año pasado.

Tres meses del Centro de Internamiento de Menores en Churriana

Fue este junio cuando llegaron los primeros adolescentes al centro de internamiento de menores infractores (CIMI) que la Junta de Andalucía abrió en Churriana. Una semana después de que la administración autonómica formalizase el contrato (que subió el martes a la plataforma de contratación), y cumpliendo con la estimación dada por la Junta, los primeros infractores ya estaban internados en la capital. Con esto, la provincia vuelve a tener un centro para alojar a jóvenes que cumplen con las medidas privativas de libertad impuestas por los jueces.

Sólo que esta vez se integra en un núcleo urbano y en convivencia con vecinos, mientras que el último centro de este tipo, en Torremolinos, estaba en un entorno completamente distinto. Pese a ello, no es el primer centro de internamiento que abre dentro de una ciudad y cerca de vecinos en una provincia andaluza. Cabe recordar que el contrato del CIMI se ha adjudicado a la Asociación para el Desarrollo y la Integración Social Meridianos por cuatro años y 21 millones de euros. El mismo se ubica en una antigua residencia de monjas.

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