Los ex jefes de Urbanismo de Málaga que denunciaron haber recibido supuestamente una serie de injerencias políticias en el desarrollo de su función pública han mantenido este martes ante el juez la versión que dieron en la comisión de investigación sobre expedientes urbanísticos en el caso Villa del Arenal.

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha tomado declaración en calidad de testigos a estos técnicos que han alargado su declaración en la mayoría de los casos a las dos horas pese a que el juez tenía previsto una comparecencia de una media hora para cada uno de ellos.

La primera en declarar ha sido la ex jefa del departamento de disciplina urbanística de la Gerencia municipal de Urbanismo, seguida de la ex jefa del servicio de inspección que han mantenido lo manifestado en la comisión municipal en julio de 2018 y que dio origen al caso.

En dicha comisión la que fuera jefa de disciplina urbanística de la Gerencia afirmó que las injerencias políticas comenzaron con la llegada de dos de los investigados en este procedimiento, el edil de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, y el gerente de Urbanismo, José Cardador.

Los tres investigados negaron los hechos la semana pasada en sus declaraciones

La ex jefa del servicio de inspección acusó a los responsables de Urbanismo de "aniquilar" su departamento con el cese completo de la cadena de mando y afirmó que se creó un equipo paralelo que llevaba, entre otros, los expedientes de Villa del Arenal, de manera ilegal e irregular.

Los ex altos cargos aseguraron que se les advirtió de que no fuese ningún inspector a dicha promoción sin previo conocimiento de la concejala de distrito, Teresa Porras, la tercera investigada en este procedimiento.

Los tres investigados negaron los hechos la semana pasada en sus correspondientes declaraciones en calidad de investigados y las defensas anunciaron que cuando finalicen la fase declaración de los testigos pedirán el archivo y el sobreseimiento del proceso.

El caso lo lleva Anticorrupción después de que el fiscal presentara una denuncia por presuntos delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos contra Pomares, edil de Ordenación del Territorio y Vivienda; Porras, responsable de Servicios Operativos; y el gerente de Urbanismo, José Cardador.

La semana pasada Anticorrupción desvinculó el delito de malversación con el caso por lo que descartó la corrupción de los ediles pero se continúa por prevaricación y tráfico de influencia para todos ellos y el delito de falsedad solo para Pomares y Cardador.

El juez acordó citarlos "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido".

El ministerio público incoó las diligencias de investigación a raíz del escrito presentado por ediles del grupo municipal de Ciudadanos tras las manifestaciones efectuadas en 2018 por dos ex jefes de Disciplina Urbanística en la comisión de investigación de Urbanismo sobre la tramitación de expedientes.

A esta denuncia, relacionada con la posible pasividad del Ayuntamiento ante determinadas infracciones, en concreto con la promoción del conjunto de chalés Villas del Arenal, se unieron los escritos y documentación presentados posteriormente por el grupo municipal de IU Málaga para la Gente y el PSOE.