La Junta dice que seguirá con el centro de infractores de Churriana y pide no criminalizar a los menores

La Junta de Andalucía ha anunciado este martes que mantendrá la actividad del Centro de Internamiento para Menores Infractores (CIMI) de Churriana y ha pedido "no criminalizar ni caer en tópicos" sobre los jóvenes que cumplen medidas judiciales en estas instalaciones. "Podrían ser mi hijo o el de cualquiera", ha afirmado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, durante su intervención en la Comisión de Justicia del Parlamento andaluz.

Nieto ha respondido así a una pregunta del diputado socialista malagueño José Luis Ruiz Espejo, quien señaló que su grupo no se opone a los CIMI, pero sí considera inadecuada la ubicación de este centro concreto al encontrarse en un entorno residencial consolidado.

El consejero ha recordado que Málaga era la única provincia andaluza que carecía de un recurso de este tipo, pese a que de allí procedía la mayoría de los menores con medidas de internamiento. Esta carencia, ha dicho, obligaba a muchas familias a desplazarse para mantener la relación con sus hijos, lo que hacía más compleja su reinserción. "Era un drama", ha asegurado.

El centro de Churriana se inauguró en junio con el objetivo de completar la red de 14 instalaciones que integran el sistema andaluz de Justicia Juvenil. Según ha explicado Nieto, los informes municipales sobre la documentación presentada por la entidad gestora no detectaron ninguna irregularidad ni incumplimiento de normativa, por lo que "el objetivo es continuar con el contrato y seguir con la atención a los menores". Ha subrayado además que en ninguno de los 13 centros ya existentes en Andalucía se han registrado problemas vecinales. "Estos recursos no pueden estar aislados, porque no se trata de encerrar a los menores ni de extirparlos de la sociedad, sino justo lo contrario", ha apuntado.

El CIMI de Málaga dispone de 50 plazas, 35 masculinas —12 de ellas de internamiento terapéutico— y 15 femeninas. Está gestionado por la entidad Adis Meridianos, con experiencia en el ámbito de la justicia juvenil, y cuenta con una plantilla de 92 profesionales entre docentes, sanitarios, psicólogos, educadores sociales, juristas y trabajadores sociales, además de personal de vigilancia en los distintos turnos.

El edificio se distribuye en módulos funcionales para aplicar los regímenes de internamiento que los jueces de Menores pueden decretar —cerrado, semiabierto, abierto o terapéutico— y facilita la organización de los internos según sus necesidades judiciales, educativas y clínicas. Las zonas residenciales están organizadas en unidades convivenciales de capacidad limitada para favorecer la atención personalizada, la convivencia y la autonomía.

Las instalaciones también cuentan con biblioteca, áreas deportivas, espacios de descanso y atención sanitaria permanente, con enfermería, consulta médica y sala de observación. La unidad terapéutica está equipada con salas específicas para la intervención psicológica y emocional de menores con trastornos de conducta o adicciones. Además, el centro dispone de sistemas de control de accesos, vigilancia electrónica y protocolos de seguridad integrados en su diseño. "Se trata de eliminar alarmas y transmitir confianza", defendió Nieto.

Desde el PSOE, Ruiz Espejo ha insistido en que la ubicación elegida "no es la más idónea", al situarse cerca de un colegio infantil, y recordó que el Ayuntamiento de Málaga ya frenó este proyecto en otra localización. También ha cuestionado por qué no se ha recuperado el antiguo CIMI San Francisco de Torremolinos, cerrado por problemas estructurales, y señaló que la provincia se quedó sin recursos tras esa clausura.

La diputada de Vox Purificación Fernández ha acusado por su parte a la Junta de "imponer un modelo que genera problemas" sin consultar a los vecinos, a los que atribuyó "razones legítimas" para rechazar la apertura. "No queremos improvisaciones ni imposiciones en los barrios, sino planificación seria y respeto", ha dicho, advirtiendo además de un aumento de la inseguridad.

Ante estas críticas, Nieto replicó que "a todos y cada uno de los vecinos seguramente no" se les consulta, como tampoco se hace cuando se construye un colegio, un hospital o una comisaría. A su juicio, las protestas vecinales han ido desapareciendo una vez puesto en marcha el recurso, porque "la mayoría de los vecinos de buena fe se han dado cuenta de que el miedo legítimo que tenían antes ya no lo tienen ahora".