Los padres de la niña con autismo de Rincón de la Victoria cuyos compañeros dejaron de asistir a clase durante tres días hace ya casi dos semanas ante las presuntas agresiones e insultos por parte de la menor acudieron ayer al Pleno del Ayuntamiento de la capital para exponer la problemática de falta de medios y profesionales a la que se enfrentan desde que la menor ingresara con 3 años en el colegio Gregorio Marañón de La Cala del Moral. La madre de la menor, Eva Reduello, fue la que tomó la palabra para resumir en unos pocos minutos lo que la familia al completo viene padeciendo, y más después de que los padres de sus 20 compañeros decidieran iniciar una huelga. Desde ese mismo día, en el que la niña se encontró completamente sola en la clase "vivimos un horror", sentenció.

"Les pedimos que insten a la Administración a hacer lo que tiene que hacer, garantizar los derechos educativos de nuestra niña y dar una solución efectiva al problema, que no ha sabido reconducir ni solucionar hasta ahora. Mi hija no es la causante de lo que ha ocurrido, como no lo son los demás niños de la clase. Ellos son solo víctimas de un sistema que no está garantizando derechos fundamentales", aseguró Eva durante su intervención.

Los profesionales médicos que atienden a la menor determinaron que lo más adecuado para la niña es buscar un nuevo centro, por lo que desde el día siguiente a la huelga de sus compañeros, la pequeña no asiste a clase. "Ahora mismo, para ella, el centro es un elemento hostil y nunca tendrá herramientas para afrontar la situación", explicó la madre.

El equipo de gobierno del Partido Popular presentó ayer una moción urgente con la que mostró su apoyo a la familia y a través de la que se aprobó instar a la Junta de Andalucía a dotar a los centros educativos de los medios técnicos y humanos para ofrecer una atención adecuada a este tipo de personas. El colegio Gregorio Marañón es precisamente uno de los centros peor dotados, algo que la comisión de escolarización recordó este mismo curso escolar y por lo que consideró necesario un aumento de la plantilla de profesionales. De hecho son más de 30 los niños que necesitan una atención especial para la que no tienen medios.

La familia también puso la semana pasada el caso en manos de la Fiscalía para que inicie una investigación por la posible vulneración de derechos fundamentales y el desamparo que la pequeña haya podido sufrir. Independientemente de otras medidas legales que puedan emprender contra la Administración y que en estos momentos están estudiando.