Málaga y la emergencia habitacional: entre la propaganda ideológica y las soluciones reales

La crisis de la vivienda en Málaga ha traspasado ya la línea de lo tolerable para convertirse en una emergencia social. En una ciudad que bate récords turísticos e inmobiliarios, miles de personas no pueden acceder a una vivienda digna. El alquiler de una habitación consume más del 50% del salario de muchas personas jóvenes, algunos con empleo precario y otros para su formación, al igual que las familias, que destinan el mismo o mayor porcentaje a pagar alquiler o hipoteca.

La edad media de emancipación en España ha alcanzado su cifra más alta en 20 años, 30,3 años según el Consejo de la Juventud y Málaga está en el epicentro de esta realidad, dilatando los ciclos vitales de personas jóvenes, independencia, familia, natalidad, …

España ya suma una tasa de paro del 11,36 %, pero las empresas no logran cubrir vacantes precisamente por el encarecimiento de la vivienda en áreas con dinamismo económico.

Frente a esta situación estructural, se requieren políticas decididas, no maniobras publicitarias. El Gobierno central ha abierto un camino mediante la movilización de suelo público y la Ley de Vivienda, que, si bien no es perfecta, reconoce el derecho a una vivienda digna como un asunto de Estado. Por desgracia, algunas administraciones autonómicas han preferido la confrontación política antes que la cooperación institucional. Las oportunidades para sumar esfuerzos se diluyen en discursos que evitan asumir responsabilidades propias.

En el reciente Consejo de Presidentes Autonómicos se dejó escapar una valiosa oportunidad de sumar voluntades en torno a un pacto de Estado por la vivienda, se apostó por una retórica de trinchera que poco aporta a quienes están atrapados por la inflación de los precios de alquiler y la falta de vivienda pública.

En Málaga, la propuesta de construir minipisos de 35 a 45 m² en alquiler temporal, con precios "asequibles" de 10€/m², puede sonar bien sobre el papel, pero en realidad es una medida de contención, no de solución. No se puede adaptar la vida de las personas a las exigencias del mercado especulativo ni a los límites del espacio físico. Esta resignación disfrazada de innovación no es una respuesta socialmente responsable. Es, más bien, una cesión ideológica ante la expulsión de las clases trabajadoras del centro urbano.

Y, sin embargo, otras ciudades demuestran que hay alternativas. En el reciente Foro Económico y Social del Mediterráneo, el alcalde de Barcelona expuso datos contundentes: la aplicación de regulaciones sobre viviendas turísticas en su ciudad ha supuesto una reducción del 8% en el precio de la vivienda. Además, la implantación de la tasa turística no solo no ha frenado el turismo, sino que ha generado una recaudación significativa, más de 100 millones de euros, reinvertida en el parque público de vivienda, climatización de colegios públicos. Estas son políticas que cambian realidades.

La actual situación del mercado de la vivienda no solo tiene consecuencias sociales dramáticas, sino también económicas; por un lado está provocando la renuncia a ofertas de trabajo por no poder permitirse un alquiler digno en todas las profesiones, desde la hostelería, a servicios de la propia administración. CCOO ha analizado concluyendo que la reducción de los precios un 30% generaría casi 500.000 empleos en el Estado los próximos 5 años; por otra parte, provoca otros problemas sociales graves, tales como la fuga de talento joven; costes económicos, sanitarios, medioambientales,… por la falta de movilidad y vivienda en las localidades malagueñas donde está el empleo; …

Desde CCOO Málaga, hemos planteado una batería de propuestas estructurales. Entre ellas: declarar zonas tensionadas para regular los alquileres, crear un fondo de inversión público para vivienda asequible (FIVA), fiscalizar las viviendas turísticas, garantizar que nadie pague más del 30% de su renta en vivienda, rehabilitar con criterios sociales, y penalizar la vivienda vacía. No podemos seguir tolerando que Málaga tenga más de 150.000 viviendas vacías mientras miles de personas no encuentran un techo.

En Andalucía, la reciente normativa autonómica sobre vivienda protegida ha generado enorme preocupación entre organizaciones sociales y sindicatos. CCOO Andalucía ha expresado su rotundo rechazo a una ley que, lejos de garantizar el acceso a una vivienda asequible, beneficia a las promotoras con subvenciones millonarias y flexibiliza los requisitos para acceder a vivienda protegida. Una ley que incrementa hasta un 54% el precio del metro cuadrado de estas viviendas respecto al Plan Vive anterior, empujando sus precios al nivel del mercado libre. Todo ello mientras apenas se garantiza un porcentaje residual de vivienda en alquiler y se amplían los límites de renta para que puedan acceder personas con ingresos de hasta 58.800€, muy por encima de la realidad de la mayoría asalariada.

Defendemos que la vivienda debe ser un derecho, no un privilegio ni una mercancía. Y para ello hace falta valentía política. Hace falta una apuesta firme por un nuevo modelo urbano: justo, sostenible, cooperativo. Hace falta asumir que los derechos sociales deben pesar más que los intereses especulativos. Porque sin vivienda, no hay empleo, no hay salud, no hay arraigo. No hay ciudad.