Málaga, foco del alquiler turístico ilegal: Siete municipios entre los 20 con más viviendas irregulares

El Ministerio de Vivienda ordena retirar 1.845 anuncios de las plataformas online en la capital, aunque es Marbella, con 2.993, la que encabeza la lista a nivel nacional

Andalucía, la comunidad con más alojamientos turísticos ilegales notificados por Vivienda para su retirada

Vivienda turística en alquiler en Málaga.

Málaga vuelve a situarse en el centro del debate sobre el impacto del alquiler turístico en el mercado de vivienda.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha identificado 1.845 alojamientos turísticos y de temporada ilegales en la capital, cuyos anuncios deberán ser retirados de las plataformas digitales tras la notificación oficial.

La cifra confirma que el fenómeno no se ha estabilizado y crece respecto a los datos de septiembre (cuando se contabilizaron 1.471), en una ciudad donde la tensión entre uso residencial y uso turístico se ha acentuado en los últimos años.

Zonas más afectadas en la capital

La expansión del alquiler de corta duración se concentra especialmente en el centro histórico y su entorno inmediato, donde la sustitución del alquiler tradicional por estancias breves encarece las rentas y reduce la disponibilidad de vivienda para residentes.

En las áreas de mayor atractivo turístico y en los ejes con más demanda, el desvío de viviendas hacia usos turísticos refuerza dinámicas de rotación poblacional y de reorientación del comercio de proximidad hacia negocios orientados al visitante.

Según Vivienda, la mayoría de inmuebles señalados habían solicitado el código obligatorio para anunciarse (vigente desde julio), pero no cumplieron los requisitos necesarios, motivo por el cual sus anuncios deben ser retirados de forma obligatoria.

La provincia concentra siete de los municipios con más irregularidades

La dimensión provincial acentúa el fenómeno. La provincia de Málaga es el gran epicentro andaluz del alquiler turístico irregular: siete municipios malagueños figuran entre los veinte con más solicitudes revocadas del país.

Destacan Marbella (2.993), Málaga capital (1.845), Benalmádena (1.003), Fuengirola (719), Mijas (664), Torremolinos (617) y Estepona (505).

Este patrón describe una conversión intensiva de parte del parque residencial en alojamientos de corta estancia, impulsada por la alta rentabilidad asociada al turismo de sol y playa. En el ranking nacional de municipios con más irregularidades, Málaga es el sexto, por detrás de Madrid (5.344), Barcelona (5.005), Marbella (2.993), Sevilla (2.659) y Valencia (1.874).

Los datos de Andalucía

El contexto andaluz refuerza esta posición: la comunidad suma 21.872 alojamientos turísticos y de temporada ilegales (frente a 16.740 en septiembre), lo que la sitúa con diferencia en el primer puesto autonómico.

Para el Ministerio, la retirada obligatoria de anuncios busca ordenar el mercado, combatir la ilegalidad y facilitar que parte de estas viviendas vuelvan al arrendamiento residencial.

Los datos del conjunto de España

A escala estatal, el Ministerio ha notificado 86.275 alojamientos ilegales en toda España.

Del total de 412.253 solicitudes de registro tramitadas para obtener el código, el 78% corresponden a alquiler turístico y el 22% a alquiler de temporada.

Tras Andalucía, las comunidades con más casos son la Comunidad Valenciana (14.387), Canarias (13.726), Cataluña (13.350) y Madrid (5.893).

En paralelo, destaca la “anomalía” (así la define el Ministerio) de Madrid, donde el 83% de las solicitudes corresponde a alquiler de temporada, un reparto muy distinto al del resto del país.

El impacto en Málaga

En Málaga, el impacto económico y urbano es visible: las zonas de mayor densidad turística han registrado una subida sostenida de los alquileres, dificultando el acceso a la vivienda para jóvenes, familias y trabajadores.

La transformación comercial (con más oferta orientada al visitante) acompaña estos cambios. La estrategia del Ministerio confía en que la retirada de anuncios y el registro obligatorio ayuden a reconducir una parte de los pisos hacia el alquiler de larga duración, contribuyendo a ampliar la oferta residencial y a aliviar la tensión del mercado.

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