Málaga registra casi cuatro desahucios diarios en la primera mitad de 2025

Málaga ha registrado casi cuatro desahucios al día en la primera mitad de 2025. En total, 706 lanzamientos entre enero y junio (3,92 diarios si se dividen esos 706 entre 180 días), según los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consultados por este periódico. La provincia lidera el ranking andaluz acumulando casi el doble que Sevilla (404). Le sigue Almería con 298, Cádiz con 256, Granada con 196, Huelva con 165, Córdoba con 110 y Jaén con 80.

El CGPJ los divide en tres tipos. El primero por ejecución hipotecaria, es decir, el proceso de desalojo de una vivienda como resultado de no pagar la hipoteca. La entidad correspondiente o banco inicia un procedimiento para recuperar la deuda, que puede culminar con el desahucio de la propiedad si no se pagan las cuotas mensuales. El segundo a causa de infringir la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ya sea por el impago de la renta, el incumplimiento del contrato o el final del plazo pactado. El tercero se corresponde a otros motivos.

La mayor parte de los lanzamientos producidos en la provincia fueron consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), 558. Otros 119 derivaron directamente de las ejecuciones hipotecarias y los 29 restantes se debieron a otras causas.

Sin ir más lejos, el viernes pasado decenas de personas se concentraron en Olletas para impedir el desahucio de una vecina del barrio con un hijo dependiente a su cargo. La mujer de 65 años, conocida popularmente como Tita Mari, tiene una pensión de 600 euros. Un fondo de inversión adquirió su piso y ella habría propuesto pagar un alquiler social asequible. El vecindario, junto al Sindicatos de Inquilinas y representantes de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida), logró frenarlo. La comitiva judicial ha prorrogado de momento el desahucio.

Por regla general, cuando llega una orden de desahucio el caso es conocido por los servicios sociales del Ayuntamiento. Puede enterarse a través de tres vías: los servicios sociales comunitarios, la Oficina de Derecho a la Vivienda del Instituto Municipal de la Vivienda o alguna plataforma vecinal. "A partir de ahí, está todo muy coordinado. Tanto en la oficina como en los servicios sociales. Ambos tienen sus recursos: orientativos, jurídicos o habitacionales", resume Francisco Pomares, concejal de Vivienda del Ayuntamiento.

Dependiendo del tipo de desahucios (los hay por impago y o por ocupación), las soluciones son distintas. "En el caso del primer tipo, siempre puede haber alguna vía de trabajo con la persona en ayudas sociales, programas de alquileres, pagos últimos o negociación con el dueño. A nosotros nos llegan unas 1.000 personas al año. De ellas, el 60% nos cuentan problemas de impago y el 40% son por ocupación", explica Pomares.

Una vez se comunica el desahucio, el Ayuntamiento pasa el caso al Servicio de Emergencia Social. "Entre sus tareas está la atención a desahucios. Ellos normalmente llevan como dos o tres desahucios semanales. Nosotros todos los que pasan por nuestra mano, que tenemos control, con fecha concreta, se les comunica al SES para atención. Ellos hablan con la persona, intentan media y buscan una salida", precisa el concejal de Vivienda.

Precisamente, el pasado 12 de octubre numerosos sindicatos de inquilinos de toda España se unieron en Málaga para luchar por el derecho a la vivienda. El primer Congreso de Sindicatos de Inquilinas, celebrado en la capital hace varias semanas, tuvo como resultado la creación de una confederación estatal. Esta nace con el objetivo de bajar "drásticamente" el precio de los alquileres y con el compromiso de avanzar hacia una huelga general por la vivienda.

Esta alianza tiene como objetivo "dotar al movimiento inquilino de una herramienta política y sindical capaz de coordinar la lucha por el derecho de la vivienda en todo el Estado", informaron sus impulsores. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas surge tras ocho años de historia de este movimiento iniciado en 2017, cuando se crearon las primeras organizaciones en Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza e Ibiza debido a la subida del coste del alquiler.

El problema de la vivienda en Málaga llegó hasta el mismísimo Parlamento europeo la semana pasada. Miguel Jiménez, de la plataforma ciudadana Málaha Ha Vesos, habló de la "dramática" y "disparatada" situación en la capital durante la asamblea por la justicia en la vivienda Homes for People, Not for Profit en Bruselas. Organizada por el grupo parlamentario The Left en el Parlamento Europeo, el encuentro reunió a activistas, sindicatos de inquilinas, investigadoras y representantes para abordar la crisis habitacional en las capitales de Europa acentuada por el auge de los pisos turísticos, el elevado precio del alquiler y la compra de vivienda y los fondos buitre.

Para Jiménez, Málaga es "la ciudad de la Península donde más se nota toda la especulación que se está desatando en torno a este fenómeno". "Es la capital de la península donde en la última década más ha subido el precio, tanto de la venta de vivienda libre de segunda mano como del alquiler", explicó a este periódico. Lo cierto es que Málaga es la segunda provincia española con mayor aumento de precio del metro cuadrado, sólo por debajo de Madrid.