Málaga ya tiene cuenta con una nueva ordenanza que regula la ocupación de vía pública por parte, de manera especial, de los negocios de hostelería. El documento, aprobado ayer de manera definitiva por el Pleno municipal, ve la luz casi siete años después de que se iniciase el proceso de negociación del equipo de gobierno del PP con los colectivos de empresarios y vecinos, sin acabar de contentar a ninguno de los dos actores.

Especialmente contundente es la reacción de la asociación de hosteleros de la capital de la Costa del Sol, Mahos, cuyo presidente, Javier Frutos, puso de relieve "el malestar" existente entre muchos empresarios, disconformes con parte de los preceptos recogidos en el documento normativo. Frutos llegó a advertir de que el Ayuntamiento parece no haber tomado en consideración "la repercusión que esta ordenanza va a tener", especialmente sobre los negocios instalados en los barrios.

"Desde la asociación hemos valorado que pueden perderse unos 1.500 empleos, un 90% de ellos en los barrios", dijo el responsable de Mahos de manera contundente, aludiendo de manera directa al efecto que tendrá sobre la eliminación o la disminución de las actuales terrazas debido a las nuevas distancias exigidas o a la necesidad de reservar unos pasos mínimos obligatorios para el paso de peatones. De manera directa, apunta a la incidencia que ello puede tener sobre zonas como Teatinos, Carretera de Cádiz, debido a las particularidades de sus calles y zonas de asentamiento.

La reacción del colectivo ante la norma es de contrariedad, aunque por el momento no se maneja de manera cierta la posibilidad de llevar adelante alguna acción. "Ahora mismo no manejamos ninguna acción aunque tampoco lo descartamos", dijo Frutos, quien sí informó de la intención del colectivo de celebrar una asamblea en la que poder recoger las impresiones del sector. Desde Mahos suman también la "indefensión" que a su juicio genera la posibilidad de que la Policía Local pueda retirar de manera directa una terraza. Esta fue una de las observaciones realizadas por el colectivo en el periodo de información pública de la ordenanza. La respuesta del equipo de gobierno fue el de precisar que la acción los agentes policiales ya está recogida entre sus competencias y que lo que se hace en el nuevo texto es habilitar esa capacidad siempre que se den ciertas circunstancias, como que la ocupación "impida o dificulte notablemente el uso común general o cualquier uso preferente o existiere perturbación o peligro de perturbación de la seguridad o la tranquilidad públicas".

La reacción de los vecinos fue igualmente contraria, empezando por el hecho de que la ordenanza haya sido objeto de debate y aprobación. "Nos ha sorprendido que se llevase a aprobación; son unas ordenanzas en las que nuestras alegaciones de poco o nada han servido, ya que se sigue primando lo empresarial y laboral frente a otra serie de usos como el residencial", expusieron desde la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, incidiendo en que lo se busca es "que lo que está se quede, que se legalice lo ilegalizable".

"Podían haber sido una oportunidad para reducir el problema de exceso de ocupación y contaminación acústica, pudiendo haber ido de la mano del Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS)", insistió Óscar Agudo, representante del colectivo, quien mostró su oposición a las toldetas laterales y los planes aprovechamiento, "una artimaña más para seguir saltándose la normativa cuando se considere oportuno".

Frente a estos argumentos, la concejala de Promoción Empresarial, Elisa Pérez de Siles, defendió la normativa y consideró que "va a mejorar muchas circunstancias, dejando poco margen al vacío legal; ahora lo que toca es ponerse a trabajar". "Es un buen marco en el que nos podemos mover y desarrollarla con todos los agentes implicados", insistió, esperando que se trate de una norma "para construir y que permita un mejor marco de convivencia entre el derecho al aprovechamiento y el descanso de los vecinos".