Es oficial: la ayuda para mayores de 30 años que viven con sus padres que pocos malagueños conocen

Superados los 30 años, miles de personas continúan residiendo en casa de sus padres, no por elección, sino por la dificultad real de acceder a una vivienda y sostener una vida independiente. En ese escenario de fragilidad cotidiana, una modificación clave en el Ingreso Mínimo Vital marcará a partir de 2026 un punto de inflexión para quienes, hasta ahora, quedaban fuera del sistema de protección por un único motivo: compartir domicilio familiar. El Gobierno ha previsto una modificación importante en el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que entrará en vigor a lo largo de 2026 y que afecta de forma directa a las personas mayores de 30 años que viven con sus padres.

Hasta ahora, uno de los principales obstáculos para acceder a esta prestación era el criterio de convivencia. El hecho de residir en el domicilio familiar implicaba, en la práctica, ser considerado parte de la misma unidad familiar, lo que impedía a muchas personas solicitar la ayuda de forma individual. Con la nueva reforma, el enfoque cambia de manera sustancial. La clave dejará de ser la convivencia y pasará a centrarse en la situación económica real del solicitante. De este modo, se abre la posibilidad de solicitar el Ingreso Mínimo Vital de manera individual incluso viviendo en casa de los padres, siempre que se acredite que no se forma parte de la unidad económica familiar y que no se dispone de ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas.

Qué significa no formar parte de la unidad económica familiar

Uno de los aspectos centrales de la nueva regulación es el concepto de unidad económica familiar. Para poder acceder a esta ayuda siendo mayor de 30 años y residiendo en el domicilio familiar, será necesario demostrar que la persona no es mantenida por sus padres. En términos prácticos, el solicitante deberá acreditar que no pertenece a la misma unidad económica, aunque comparta vivienda. La convivencia deja de ser el elemento determinante, pero no así la dependencia económica. Este matiz se convierte en uno de los ejes de la reforma, ya que permite diferenciar entre quienes residen en casa de sus padres por falta de recursos y quienes, aun compartiendo domicilio, mantienen una economía propia integrada en la del hogar familiar.

Una ayuda que no será automática

La reforma del Ingreso Mínimo Vital no implica, en ningún caso, la concesión automática de una prestación por el simple hecho de tener más de 30 años y vivir con los padres. El IMV seguirá siendo una ayuda condicionada al cumplimiento de los requisitos habituales, entre los que se mantienen los límites de renta y patrimonio. Cada solicitud será evaluada de manera individual conforme al desarrollo definitivo de la norma. La novedad se centra exclusivamente en eliminar uno de los filtros que dejaba fuera del sistema a miles de adultos en situación de vulnerabilidad: el criterio estricto de convivencia dentro del domicilio familiar.

Cuantía prevista de la ayuda para beneficiarios individuales

En cuanto al importe, la cuantía máxima para un beneficiario individual se situará en torno a los 733 euros mensuales tras la revalorización prevista para 2026. Esta cifra corresponde al umbral garantizado para una persona sola sin recursos. El importe podrá ajustarse en función de los ingresos previos del solicitante y de la posible compatibilidad con otras ayudas. Desde el Gobierno se ha subrayado que la cantidad no será idéntica para todos los beneficiarios, ya que dependerá de la situación económica concreta de cada persona.

Una medida orientada a quienes no pueden emanciparse

El ajuste normativo se produce en un contexto social marcado por el retraso en la emancipación. Tradicionalmente, esta situación se asociaba casi en exclusiva a los jóvenes. Sin embargo, la realidad económica ha ido ampliando ese perfil. Cada vez es más habitual que personas que ya han superado los 30 años sigan viviendo en el hogar familiar por la imposibilidad de acceder a una vivienda o de mantener ingresos estables. El encarecimiento del alquiler, la precariedad laboral y la pérdida de poder adquisitivo han convertido esta situación en un problema estructural.

La edad media de emancipación en España se sitúa en los 30,4 años, mientras que la media europea ronda los 26. A ello se suma una crisis habitacional que ha llevado a muchas personas a retrasar su salida del hogar familiar o incluso a regresar a casa de sus padres. En este escenario, el Gobierno ha señalado que la corrección en el Ingreso Mínimo Vital busca ofrecer garantías a quienes no cuentan con medios económicos suficientes para independizarse de forma plena.