La Casa Invisible sigue siendo un edificio oficialmente ocupado trece años después. El inmueble, de titularidad pública, resultado de un proceso de expropiación que trajo consigo el desembolso de unos cuatro millones de euros, se mantiene como sede formal de un colectivo que promueve desde su origen su explotación como espacio cultural alternativo.

El pasado martes se cumplió un nuevo aniversario de la fecha en la que la construcción, que en origen iba a ser sede de una especie de incubadora para emprendedores, quedase tomada de manera pacífica por quienes aún siguen haciendo uso del mismo. En el transcurrir de estos años, la tensión entre los ocupantes y el ocupado, en este caso el Ayuntamiento en calidad de propietario, ha estado marcada por la tensión continua.

Aunque han sido varias las ocasiones en las que el equipo de gobierno liderado por Francisco de la Torre ha amagado con la posibilidad de proceder al desalojo, la realidad es que nunca ha dado el paso definitivo. En todas las ocasiones, el regidor acabó desechando la ejecución de las acciones más punitivas a pesar de contar con informes de Urbanismo, la Policía Local, Comercio y Emasa que ponían en cuestión las condiciones de seguridad del edificio.

La inacción del regidor en esta materia es continuada. A finales de junio de 2018, la Junta de Gobierno Local acordó dar un plazo de 15 días para la desocupación de Nosquera 9 y 11. El expediente recogía numerosos incumplimientos por parte del colectivo, caso del "ejercicio de actividades sin contar con las preceptivas licencias y/o autorizaciones, algunas de ellas como la de bar sin ligazón con actividades culturales que son el objetivo de la Fundación de los Comunes; la medida cautelar de cierre decretada en 2014 por razones de seguridad; falta de colaboración en las inspecciones requeridas e imposibilidad de acceso al personal técnico de este Ayuntamiento para la actualización de la inspección técnica de edificios con anterioridad a dicho acuerdo y que se acredite la necesidad de acometer las obras de rehabilitación..."

El Ejecutivo local admite que no tiene previsión alguna sobre el inmueble

Los datos manejados por este periódico vienen a señalar que la situación no ha variado significativamente desde aquel momento. Incluso, fuentes consultadas aludieron a que la actividad hostelera que se desarrolla en el interior del inmueble sigue careciendo de la necesaria autorización municipal, sin que se haya realizado nuevos controles sanitarios de la misma.

"A efectos formales sería un edificio okupado con una orden de desalojo y una orden cautelar, firmado en la época de Pomares, que prohibía las actividades públicas por el estado físico del edificio; esta prohibición, desde el punto de vista técnico, implicaba que no se podía desarrollar ninguna actividad de carácter público", indicaron las fuentes, que admitieron que desde la firma de ese decreto, a finales de 2014, "se ha estado haciendo siempre". El último ejemplo es el programa de actividades anunciado por el grupo para celebrar su aniversario.

Ese decreto de Urbanismo tomaba como base los informes emitidos por los técnicos de Conservación y del Cuerpo de Bomberos, que concluían que el inmueble carecía de las medidas de protección contra incendios que le eran exigibles. Defectos que vinieron a sumarse a otros que ya se arrastraban desde que fue sometido a ITE en octubre de 2011 y en el que se apuntaba la existencia de deterioros en los revestimientos y las cubiertas.

Más a más, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, confirmó esta idea. "Como concejal de Urbanismo ese inmueble tiene unos decretos en vigor, una ITE desfavorable, que repercute en una medida cautelar que es de clausura", expuso.

¿Qué previsiones tiene a día de hoy el Ayuntamiento? Por lo que parece, ninguna. "Sobre previsiones no se puede decir nada nuevo ni ha habido reuniones de planteamientos de qué hacer", admitieron las fuentes, señalando que la última vez que se abordó pudo ser en 2018, con las alegaciones que presentadas por el colectivo afectado. Tras el pronunciamiento de la Junta de Gobierno Local, De la Torre dio un paso atrás y descartó avanzar en la línea del desalojo. Esta alternativa, en caso de retomarse, obligará al Consistorio a pedir la correspondiente autorización judicial.

El colectivo cultural imputa al alcalde la situación de “parálisis” en la que está el asunto

Ciudadanos, actual socio de gobierno de De la Torre, mantiene su rechazo a la situación en la que se encuentra el edificio. "Estamos en contra de la ocupación ilegal de un edificio que, tras la expropiaciones, terminó costando más de 4 millones", indicaron desde el partido naranja a este periódico, apuntando que la diferencia de opinión con el PP hizo que el tema quedase “excluido del acuerdo de cogobierno”.

En el seno del colectivo que gestiona la Casa Invisible, se mantiene la duda sobre los planes del Ayuntamiento. La portavoz del mismo, Amanda Romero, sospecha del interés municipal por “demorar” cualquier pronunciamiento sobre el futuro del edificio para, "pasado el tiempo, buscar el desalojo aduciendo motivos técnicos".

En este sentido, informó del resultado desfavorable de la última Inspección Técnica de Edificios (ITE) a la que fue sometido el inmueble y de que se encuentran sin la posibilidad de acometer las actuaciones requeridas a la espera de disponer de las licencias necesarias. Romero apuntó directamente al Ejecutivo local de la situación de "parálisis" en la que está este asunto, alargado desde hace alrededor de año y medio.

E indicó que el colectivo presentó una serie de alegaciones a la orden de desalojo, cuestión que incluso motivó un contencioso judicial que sigue vivo, sin que hasta el momento haya existido pronunciamiento por parte del Ayuntamiento. "Es algo cíclico; cuando se hace evidente la existencia de una presión, abre un proceso de negociación, y cuando falta dar el último paso para la cesión, comienza el silencio", expuso. Una inacción que, según afirmó, afecta de lleno al plan del colectivo para cometer la rehabilitación del edificio en diferentes fases, dado que el mismo también necesita de la licencia municipal.