Un perito concluye que Teconsa hizo los trabajos por los que cobró

Un perito nombrado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha emitido un informe en el que se recoge que las certificaciones pagadas por el Ayuntamiento de la capital a la constructora Teconsa por trabajos realizados en la carretera de Intelhorce son coherentes con la obra realizada.

El caso Teconsa arrancó en noviembre de 2009 cuando un particular denunció ante la Fiscalía que se habían hinchado las facturas y se habían ejecutado cobros por trabajos que en realidad no se habían llevado a cabo. La denuncia indicaba que se había triplicado el coste real de los trabajos puesto que había facturas que ascendían a 300.000 euros que, en realidad, se referían a obras que apenas si podían costar 80.000 euros.

Incluso el responsable de una de las empresas subcontratistas de Teconsa expresó públicamente sus sospechas de que "alguien" hubiera hecho "la vista gorda" y puso como ejemplo una factura de 45.000 euros que él emitió y que la constructora pasó al Ayuntamiento por un importe de 383.000 euros.

El Ministerio Público abrió entonces diligencias de investigación y el 23 de noviembre de 2009 interpuso una denuncia, lo que dio lugar a la apertura de un procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga.

Además de tomar declaración a los afectados, la autoridad judicial acordó que se realizara un informe pericial en el que se determinara el trabajo hecho, su coste y si existía correspondencia entre los pagos aprobados por la Gerencia de Urbanismo y las sumas ingresadas por la constructora.

Teconsa está involucrada en el caso Gürtel por presunta corrupción y tráfico de influencias en el entorno del PP. Además sobre la empresa pesa una declaración de concurso de acreedores. Todas estas circunstancias motivaron que el Ayuntamiento le retirara la adjudicación de la obra, que consistía en el acondicionamiento y mejora de la carretera que enlaza el polígono de la Azucarera con la zona de Intelhorce.

El presupuesto de este proyecto fue adjudicado en su momento por un importe de 4,4 millones de euros, que se financiaban con cargo al Plan Estatal de Inversión Local, conocido popularmente como plan Zapatero.

Previsiblemente el Ministerio Público instará al juzgado a que cite a declarar al perito que ha firmado el informe con el fin de que ratifique las conclusiones que ha alcanzado.

Salvo que se produzca algún contrainforme que contradiga estas resoluciones, este análisis técnico deja bastante reducidas las posibilidades de que prospere la causa judicial por estafa y falsedad abierta hace ya más de año y medio.