Hay por lo menos siete personas en Málaga que quieren acogerse a la recientemente aprobada Ley de Eutanasia. Esas son las que han acudido a la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en la provincia. Pero puede haber más que lo estén intentando directamente con sus médicos y no hayan solicitado el apoyo de esta organización.

Se trata de pacientes con patologías muy graves, irreversibles y en estado avanzado de sus dolencias. “Son enfermos con un padecimiento largo”, explica la coordinadora de DMD en Málaga, Eva Camps Olmedo. Tres casos son de cánceres terminales en estado avanzado, dos de esclerosis lateral amiotrófica, uno de una persona que sufre una tetraplejia desde hace unos 15 años y otro de un paciente con una insuficiencia renal aguda que prácticamente requiere diálisis de forma permanente.

Camps apunta que Andalucía es “la única comunidad autónoma” en donde aún no se ha constituido la Comisión de Garantías y Evaluación –formada por 13 miembros– que debe supervisar todo el proceso para que los ciudadanos puedan ejercer este derecho reconocido legalmente en España. “Ahora tenemos la Ley, pero no todas sus herramientas porque la Comisión no está, aunque sí está ya el Registro de Objetores...”, señala. MDM estima que la Comisión de Garantías y Evaluación no estará hasta el 20 de noviembre por lo que de hecho la aplicación de la normativa está paralizada.

En el caso de las siete personas que han solicitado asesoramiento y apoyo a esta asociación, tres ya han planteado la solicitud a sus médicos, aunque con poco éxito. En uno de ellos, el facultativo se ha declarado objetor. “Yen los otros dos, los médicos les han manifestado que no saben cómo hacerlo”, asegura la coordinadora de DMD.

Las otras cuatro personas que quieren acogerse a la Ley de Eutanasia y que han acudido a esta asociación están esperando a que se constituya la comisión autonómica para presentar formalmente su solicitud. “En Andalucía llevamos casi cinco meses de retraso con respecto a Euskadi, Cataluña, Asturias o Murcia”, asegura la coordinadora en Málaga de DMD. Incluso apunta que una persona que había solicitado su asesoramiento en esta provincia para acogerse a la Ley 3/2021 ha fallecido.

El texto legal contempla el derecho a la eutanasia para aquella persona que sufra un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o padezca una enfermedad grave e incurable, en ambos casos causantes de un sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable. España es el sexto país en el mundo que la regula. Según destacó la coordinadora de la asociación, quienes quieren acogerse a este derecho no toman la decisión “de hoy para mañana”, sino después de “un largo sufrimiento”. En los casos que lleva la organización, las personas estaban “esperanzadas” en poder beneficiarse del texto legal. “Pero ahora, aparte del sufrimiento de la enfermedad sufren la desolación de no encontrar ayuda, cuando la Ley ya les ampara”, apunta Camps.

La Ley de Eutanasia se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 25 de marzo y entró en vigor el 25 de junio. Para entonces, las comunidades autónomas ya debían tener la Comisión de Garantías y Evaluación y el Registro de Objetores. Pero en el caso de Andalucía, la Comisión aún no se ha constituido. El pasado 20 de octubre, la Junta aprobó un decreto por el que se daba 15 días para los nombramientos de la Comisión y otros 15 para su reglamento interno. De ahí que desde DMD se estime que este órgano que supervisa la aplicación de la Ley no estará en funcionamiento en Andalucía antes del próximo 20 de noviembre. El Colegio de Médicos de Málaga ha elaborado un informe sobre la Ley para sus profesionales, ya que su aplicación les afecta de lleno.

La prestación de ayuda para morir comienza con una primera petición del enfermo por escrito al facultativo responsable. En el plazo de dos días, el médico debe hablar con el paciente sobre las alternativas terapéuticas y explicarle la posibilidad de cuidados paliativos. La Ley exige una segunda solicitud con al menos 15 días de diferencia de la primera. Si la persona mantiene su decisión, el profesional debe consultar con un segundo facultativo o médico consultor que también debe entrevistarse con el paciente. Si ambos profesionales coinciden en que la solicitud de eutanasia se ajusta a la Ley, deben remitir un informe a la Comisión de Garantías y Evaluación. Ésta lo evalúa y si su resolución es favorable, se lo comunica al médico responsable para que se proceda a la eutanasia en el momento que lo decida la persona que lo solicitó.