El nuevo complejo de oficinas que empiezan a dibujar el Ayuntamiento de Málaga y el Puerto, tal y como adelantó este periódico la semana pasada, con un techo edificable de hasta 50.000 metros cuadrados, obligaría a realizar una inversión próxima a los 100 millones de euros. Así lo indicaron diferentes fuentes consultadas, lo que implica una carga económica de envergadura que acota de manera clara el número de operadores con opciones ciertas a optar por este desarrollo.

Si bien la decisión de las dos instituciones de abrir la mano sobre el plan es aplaudida por varios consultores preguntados por este periódico, alguno de ellos no esconde sus dudas. En este sentido, el responsable en Andalucía y Málaga de Savills Aguirre Newman, José Félix Pérez-Peña, señala que el incremento de la edificabilidad "complica el concurso", dado que no sólo será mayor la inversión requerida, sino también el canon a satisfacer. Una de las opciones que cabría manejar para facilitar la tramitación sería la de desgajar el procedimiento de concesión por bloques, de manera que sean varios los ofertantes y menor la carga económica.

Otros, como el CEO de Kinos Group, Joaquín Morales, es claro en su interpretación del movimiento. “Es una gran planteamiento el que se hace ahora, porque hay una gran demanda de oficinas en la ciudad, pero especialmente de empresas que quieren estar cerca del centro”, expuso. "Málaga tiene un potencial enorme pero hay que crear los espacios que requieren esas empresas; tanto firmas nacionales como multinacionales quieren atraer talento en lugares prime", indicó. A este detalle, sumó la existencia de fondos interesados en activos inmobiliarios ubicados en lugares donde no tener que usar el coche.

Respecto a la apuesta por elevar la altura de los futuros edificios en Muelle Heredia, Morales defiende la iniciativa. "Instalar torres de oficinas en el Puerto sería un gran atractivo", dijo, subrayando la oportunidad que se abre a la ciudad "con el Brexit, para lo que necesita un centro de negocios; Málaga puede convertirse en una city financiera puente entre Europa, África, Latinoamerica y los países árabes".

Las primeras impresiones son igualmente favorables para Rosa Madrid, directora regional de Richard Ellis, quien pone en valor la posición de Málaga "en el punto de atracción de empresas nacionales e internacionales, sobre todo de las tecnológicas", lo que pone en contexto la operación de Muelle Heredia y la apuesta por aumentar la edificabilidad asignada.

Madrid sí es clara respecto a la necesidad de que los edificios que se promuevan sean "de última generación". En ese caso, señala que se tratará de una operación "muy atractiva". "Me parece bien la operación; si el proyecto es de calidad, la ubicación es ok", insistió, subrayando que una intervención de este tipo, en caso de ir adelante, provocará un movimiento general en la oferta de oficinas de la ciudad". En este sentido, defendió la necesidad de impulsar centros de negocio como el que ahora se propone.

Aunque el escenario intermedio que se toma como punto de referencia es el de 50.000 metros cuadrados de techo, fuentes municipales confirmaron que los datos finales tendrán que ser concretados, tomando en valor, por ejemplo, el sentir del sector privado. Una detalle crucial, porque cuanto serán estos actores los que garanticen, llegado el momento, el éxito o no del concurso que pueda impulsar la Autoridad Portuaria. Además del uso de oficinas contemplado, la propuesta inicial de Asenjo incorpora un zócalo de uso comercial de unos 10.000 metros de techo, así como una doble planta de aparcamientos, con capacidad para alrededor de 800 plazas.

La posición del Puerto varía respecto a la que hasta hace apenas unos meses había verbalizado su presidente, Carlos Rubio. El propio Rubio explicaba a este periódico que ese cambio de opinión queda condicionado a que la Gerencia de Urbanismo cumpla con el compromiso de tramitar los ajustes urbanísticos necesarios en el plazo de unos dos años. Un tiempo que guarda cierta semejanza con el que necesita la institución portuaria para que se proceda al traslado de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, cuyas instalaciones se ubican sobre estas parcelas.