El pleito por la muerte de dos jóvenes en el Carpena sigue sin resolución

Los familiares de Iván García, un joven onubense fallecido en una fiesta de música electrónica celebrada en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga, pidieron ayer "mayor agilidad" en la resolución del proceso administrativo que empezaron en 2003 contra el Ayuntamiento de la ciudad. En el procedimiento, los familiares de este joven y del otro fallecido en el evento -el malagueño Joaquín Barragán- reclaman al Consistorio una indemnización de 180.000 euros como presunto responsable de lo sucedido en la macrofiesta del 2 de marzo de 2002, donde además resultaron intoxicadas una veintena de personas.

Cuando se cumplen nueve años de la celebración de la fiesta, el padre de Iván, Juan García Campanario, ha pedido en declaraciones a Efe que "la Justicia termine de aclarar responsabilidades" para que su mujer y él puedan descansar. García Campanario sostiene que los "presuntos responsables" del fallecimiento de su hijo son el organizador del acto, el periodista de Canal Sur Daniel Moreno, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como máximo representante del Ayuntamiento.

En su día el Consistorio eludió su responsabilidad sobre lo ocurrido, al entender que el joven de 19 años murió por el consumo de éxtasis. Por su parte, el abogado de la familia de Iván García, Juan Rodríguez, indicó que en el proceso contencioso-administrativo ya se han realizado los últimos trámites sobre conclusiones de prueba y una vez sean acordados por las partes el juez dictará sentencia.

Según el escrito de la demanda patrimonial, la fiesta se celebró sin que se notificara al promotor la concesión de la licencia para espectáculos públicos; en el recinto se concentraron hasta 16.000 personas pese a tener un aforo de 8.000; no había ventilación y el agua estaba cortada en los servicios. El padre del joven fallecido manifestó que estas circunstancias dificultaron la actuación de los servicios sanitarios, que tardaron en atender a los heridos. Con esta indemnización, la familia pretende que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad en los hechos, ya que según su abogado hubo un "funcionamiento anormal de un servicio público".