Caso del profesor de Alhaurín absuelto por abusos: Educación no tiene un código claro sobre relaciones con alumnos

La reciente absolución de un profesor de un instituto de Alhaurín de la Torre investigado por supuestos abusos sexuales a alumnas abre el debate sobre los límites éticos y legales que deben regir las relaciones íntimas entre docentes y estudiantes menores de edad. A día de hoy, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional no cuenta con un código específico que regule estos contactos íntimos más allá de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico general y de los principios de ética profesional que exige el ejercicio de la función pública. Sólo una de las reglas a cumplir, "mantener una conducta honesta, coherente y ejemplar", podría incluir, aunque de manera implícita, este tipo de acciones.

La decisión judicial de dejar libre de cargos al docente investigado se ha conocido esta semana, después de que, en septiembre, durante el juicio, admitiera que había mantenido encuentros sexuales con una de las adolescentes cuando aún era alumna suya y, con otra, apenas unos meses después de que dejara de serlo. Ambas tenían entonces 17 años.

El tribunal, en la sentencia, a la que tuvo acceso este periódico, apuntaba que “no existe ninguna corroboración indudable de que se valiera de una situación de superioridad manifiesta que creara un ambiente de opresión, coartamiento o eliminación de la libertad de conducirse sexualmente”. Tampoco el juez considera probado que abusara de su condición de profesor ni de la diferencia de edad con las denunciantes.

Durante la vista oral, el profesor reconoció haberles expresado a dos alumnas su “enamoramiento” por correo electrónico y a través de redes sociales. El tribunal, sin embargo, concluye que el resultado de la prueba “no ha producido en el ánimo de los miembros del tribunal la inequívoca convicción de que su comportamiento sea constitutivo del delito”, y decreta el “levantamiento de todas las medidas personales y patrimoniales” que se le habían impuesto.

Educación estudia, mientras tanto, qué medidas adoptará respecto al docente malagueño, que hasta septiembre ejerció el cargo de director en un centro público de Alhaurín de la Torre. Cuestionadas al respecto tras conocerse el fallo judicial, fuentes de la Consejería indicaron que la administración actuará “conforme a lo que establezca la resolución de la vía judicial”, y que será la Dirección General competente la encargada de adoptar las medidas que correspondan una vez le sea notificada la sentencia.

En cuanto al marco normativo, las relaciones entre profesorado y alumnado estarían amparadas por lo establecido en la legislación general y en los principios que rigen la ética profesional. Pero no existe una regulación específica que detalle los límites o las consecuencias disciplinarias en este tipo de situaciones.

Sí está contemplada, sin embargo, una medida preventiva: la obligación de acreditar la ausencia de antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual para poder acceder a la función docente. Más allá de ello, la conducta del profesorado debe regirse por los Principios Éticos del Funcionario Público, recogidos en el artículo 52 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Estas normas establecen que todo empleado público debe actuar "al servicio del interés general, con objetividad e imparcialidad, manteniendo una conducta íntegra, honesta y ejemplar tanto en el ejercicio de sus funciones como en su vida pública". También se exige "neutralidad política, transparencia, responsabilidad, confidencialidad, eficiencia en el servicio y respeto a los derechos de los ciudadanos".

Pese a ello, la falta de un código de conducta específico deja un cierto vacío normativo en situaciones como la del caso de Alhaurín de la Torre, donde, aun sin delito probado, el debate social y educativo sobre los límites del comportamiento entre profesores y alumnos menores sigue abierto.

Tras las primeras pesquisas, el profesor fue detenido y, después, quedó en libertad provisional, pero con la prohibición de contactar con menores a través de redes sociales. El trabajador continuaba ejerciendo el cargo de director de un centro educativo de Alhaurín de la Torre. Hasta finales de septiembre, cuando Educación ordenó suspenderlo de funciones como medida cautelar.