La Policía desaloja el hotel Vivemar de Benalmádena y detiene a seis personas por presunta estafa

La Policía Nacional ha procedido este miércoles al desalojo de las habitaciones que seguían habitadas en el hotel de cuatro estrellas Vivemar de Benalmádena -cerrado por el Ayuntamiento y sin actividad desde el pasado octubre-, y ha detenido a seis personas por presuntos delitos de estafa y falsificación documental vinculadas con la administración de empresas que se sucedían al frente de la explotación fraudulenta de las instalaciones, según ha informado este miércoles el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

El hotel permanece sin actividad desde el pasado 8 de octubre de 2025, cuando el Ayuntamiento de Benalmádena procedió al desalojo y clausura de las instalaciones por el incumplimiento de la entonces empresa explotadora de la orden de cierre y la “denegación de la actividad” dictada en mayo del pasado año, según informó por aquel entonces el Consistorio. Tras la intervención, quedaron en el cuatro estrellas algunas habitaciones alquiladas por larga temporada y otras como vivienda habitual, así como residiendo algunos trabajadores, que son los que este miércoles han sido desalojados los cuerpos de seguridad y que han salido por su propio pie, según han destacado desde el CNP.

El hotel lleva envuelto en polémica varios años, con la presentación de al menos dos denuncias interpuestas por parte de la propiedad ante los juzgados desde 2018 por supuesta cesión ilícita del contrato de alquiler de un arrendatario y presunta falsedad documental del mismo por un grupo de empresas sin percibir durante años el alquiler; aunque fue el pasado verano cuando se conoció el precinto de las instalaciones por parte del Ayuntamiento en plena temporada alta.

La medida se mantuvo entre el 17 y el 23 de junio, motivada por la no inscripción del cuatro estrellas en el Registro de Alojamientos Turísticos y Hoteleros de la Junta de Andalucía, aunque se levantó tras presentar la empresa que explotaba en ese momento el edificio una declaración responsable, y de la que el Consistorio determinó tras su análisis su “ineficacia”, denegando su actividad, por lo que se ejecutó el cierre.

El hotel estuvo operando en esa semana pese al precinto policial, que se produjo con 200 turistas alojados que accedían a las instalaciones a través del parking, así como continuó abierto hasta que el Ayuntamiento procedió meses después, en octubre, al desalojo en paralelo a una sentencia firme del Tribunal Supremo, por la que el contrato de explotación presentado “no tiene validez jurídica”, destacó el Ayuntamiento.

Investigación policial

Ahora, la Policía Nacional ha procedido al desalojo de las habitaciones que quedaban habitadas con el apoyo de la Policía Local y ha detenido en Málaga el pasado día 4 a seis personas por presuntos delitos de estafa y falsificación documental, una operación vinculada a la orden de lanzamiento que sigue abierta. La investigación policial arrancó en 2024 bajo el nombre ‘Target’, tras una denuncia presentada por la propiedad del hotel, en la que informaba sobre una “compleja trama” que “sin autorización” subarrendaba las instalaciones “en cadena”, de unas sociedades a otras, lucrándose de la explotación ilícita, según ha destacado la Policía Nacional.

La investigación, asumida por agentes del Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, sostiene que los investigados, lejos de caer en un presunto impago o incumplimiento de contrato, habrían actuado de manera connivente, bajo engaño, y utilizando contratos falsificados de cesión de la explotación, al fin de perpetuarse al frente del complejo hotelero, presuntamente.

En la denuncia interpuesta por la representación legal de la propiedad en la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena en el año 2024, se informaba de que distintas sociedades se habían sucedido en la explotación de las instalaciones, sin permiso. En este aspecto, se destacad que los dueños del complejo hotelero llegaron en su momento a un acuerdo de arrendamiento con una empresa, pero no consintieron los sucesivos traspasos a terceras compañías.

Por ello, la sociedad denunciante había instado a la iniciación de diversos procedimientos administrativos en el Ayuntamiento de Benalmádena para poner en conocimiento la situación, que se veían “obstaculizados” al presentar los investigados documentación susceptible de resultar falsificada, según apuntan desde el CNP.

La Policía Nacional asumió la investigación de los hechos estudiando la vasta documentación aportada por la parte denunciante, así como solicitando medidas judiciales, de manera que se lograra determinar la existencia de un cúmulo de sociedades controladas por empresarios vinculados entre sí, los cuales se habrían perpetuado de manera fraudulenta en la explotación del hotel mediante la confección de contratos de subarrendamiento fraudulentos, sin el consentimiento de la parte denunciante.

Según ha destacado la Policía, el entramado fue contralado inicialmente por ciudadanos de países de Oriente Medio y posteriormente fue continuado por sociedades españolas, que asumieron el control del establecimiento en las mismas condiciones. Finalmente, mediante el análisis de la documentación bancaria se determinó que no se llevó a cabo, en ningún caso, pago de importes compatibles con el abono de rentas, ni entre las sociedades que se sucedían de modo ficticio ni a la propiedad del hotel.

Igualmente, la Policía ha examinado los expedientes administrativos en los que se utilizó documentación falsificada, con el objetivo de determinar los efectos que la parálisis de dichos procedimientos había causado en la situación del establecimiento. Fruto de las averiguaciones, los agentes detuvieron el pasado día 4 de febrero a seis personas por su presunta responsabilidad en los delitos de estafa y falsedad documental. También hay un séptimo investigado que está en un centro penitenciario por otros delitos.

La estimación del perjuicio causado a la sociedad propietaria alcanza los tres millones de euros, así como se ha procedido al bloqueo de 15 cuentas bancarias y de 16 inmuebles valorados en alrededor de 3,3 millones de euros, vinculados con los investigados.