Más de sesenta familias de bebés 'robados' se hacen pruebas de ADN

Más de sesenta familias que han denunciado el supuesto robo de bebés entre los años 50 y 80 en la provincia de Málaga para ser entregados a familias pudientes dieron ayer un paso que puede resultar definitivo para conocer, de una vez por todas, la verdad. Dos técnicos del laboratorio especializado en genética ADF Tecnogen se desplazaron ayer desde Madrid hasta la capital malagueña para hacer pruebas de ADN a todas aquellas personas que lo solicitaron a través de la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa).

La prueba, que tenía un coste de 110 euros, consistió en la toma de muestras de mucosa bucal mediante el raspado con un bastoncillo de algodón en el interior de la boca. Además se tomó la huella digital de los denunciantes, se registró su DNI y se les hizo una fotografía para que no hubiera ninguna duda sobre su identidad.

Alberto González de la Vega, jefe de sección de Genética Molecular y Forense de CGC Genetics -la matriz de ADF Tecnogen-, explicó a este diario que los resultados serán enviados a los familiares de forma privada en unas tres semanas y que serán incluidos en un banco de datos de ADN privado creado por esta empresa. El objetivo final es que se puedan cotejar las muestras de ADN de los denunciantes con los de hijos o hijas que sospechen que hayan podido ser robados tras nacer. Si hay coincidencia se podría asegurar al 100% que son padres e hijos y que, por tanto, es verdad que ese bebé fue robado tras el parto y entregado a otra familia. González de la Vega detalló que en el banco de datos de ADF Tecnogen ya tienen los resultados de unas 200 personas de Granada, Madrid, el norte del país y, ahora, de Málaga. Por otra parte, hay otros dos laboratorios privados -Genómica y Diagnóstica- que también están tomando muestras de denunciantes del resto de España. La clave será unir todos esos datos ya que si no podría darse el caso de que el ADN de una madre esté registrado en un laboratorio y el de un posible hijo en otro y no se encuentren. El técnico de ADF Tecnogen indicó que son los denunciantes los que, una vez le lleguen los resultados a su casa, tienen que solicitar al resto de laboratorios que los incluyan en sus respectivas bases de datos. "El único problema que tenemos ahora es que la base datos es asimétrica, es decir, hay más madres y padres que posibles hijos robados, muchos de ellos porque no lo saben o porque no quieren hacerse pruebas", añadió el experto.

A las 10:00 ya había más de medio centenar de personas en las dependencias del centro social Tiro Pichón para coger turno y hacerse la prueba. Entre ellas se encontraban dos mujeres de mediana edad que sospechan que han sido bebés robados. Ninguna quiso relevar su identidad porque sus familias adoptivas ni siquiera sabían que estaban allí intentando aclarar toda la verdad sobre su identidad.

"Mi madre me dijo hace dos años que me había comprado por 7.000 pesetas y me lo soltó porque pensaba que me iba a enterar por otras personas", señaló Esther (nombre ficticio). "Me dijeron que mi madre biológica era una prostituta y que me vendió", subrayó Esther, quien, además de ser supuestamente robada, tuvo la mala fortuna de no haber sido bien tratada en el seno de su nueva familia de clase alta. "Mi madre no estaba bien de la cabeza y muchas veces me tenía que ir de casa para que no me pegara", añadió esta mujer, quien, para más inri, detalló que, según le comentaron, había sido una segunda opción ya que su madre había adquirido otra niña inicialmente que tuvo que devolver porque la madre biológica -una ex convicta- se dio cuenta de que le habían robado al bebé y realizó todo tipo de amenazas. Esther afirmó que su hermano también fue comprado y que sus padres estuvieron un año pagándolo "aunque él no quiere saber nada de este tema".

Laura (otro nombre ficticio) también cree que fue robada de los brazos de sus padres biológicos al nacer y fue ayer a hacerse las pruebas. "Siempre me han reconocido que soy adoptada pero al ir a buscar mis papeles oficiales había muchas cosas raras. Mi partida de nacimiento no está sellada e incluso aparece un certificado de un médico forense", indicó esta joven que asegura desconocer exactamente su edad porque ya no se fía de ningún documento. De hecho, según señaló, "mis padres tardaron un año y medio en ponerme un nombre".

Los rostros de todas las mujeres y hombres que pasaron ayer por el centro social reflejaban tristeza y cierto cansancio. Saben que han podido ser objeto de un delito de una crueldad infinita cometido presuntamente por una red compuesta por médicos, monjas y enterradores y se culpan a sí mismos de no haber estado más atentos en su momento, de no haber pedido más explicaciones, de haber confiado en lo que le decía el personal médico. En su descargo cabe señalar que los presuntos culpables siempre buscaban el mismo perfil: parejas muy jóvenes de escaso nivel cultural y económico.

Las historias que se podían escuchar ayer eran dignas de una película de terror. María Rosa Corrales tenía 24 años cuando fue a dar a luz a una niña en el hospital Carlos Haya el 24 de diciembre de 1965. "Tuve a mi hija y me dijeron que se la llevaban para lavarla. No la traían y empecé a llorar pidiendo verla. Después me dijeron que había nacido mala de la cabeza y que no me la podían traer porque estaba en observación. Me preguntaron si tenía más hijos, les respondí que tenía dos y me comentaron que no me preocupara. A los cuatro días me dijeron que había muerto".

Le enseñaron un cadáver a su marido, pero podía ser el de cualquier bebé ya que él no había visto a la niña al nacer. En el hospital le aseguraron que ellos se encargaban de enterrarla y se dirigieron al cementerio de San Rafael. "Ellos iban en furgoneta y yo iba detrás en bicicleta. No me esperaron ni nada. Cuando llegué al cementerio ya la habían enterrado y puesto una cruz encima. No vi nada", recordó ayer el esposo de María Rosa.

Todos los casos son parecidos. A Dolores Muñoz le hicieron una cesárea en Carlos Haya en 1972. Cuando despertó le explicaron que su niña había muerto, pero no le comunicaron ni a ella, ni a su marido, ni a un médico amigo de la familia las causas de la muerte. "Tampoco me dieron ningún papel y no sé ni lo que hicieron con el cuerpo ni dónde lo enterraron", relata esta mujer que vivía en Coín e iba a tener a su primera hija.

Josefa Calvo, Antonia Gaona, María Josefa Ballesteros... La lista de denunciantes que ayer se hicieron las pruebas de ADN es larga y todas tienen un denominador común: quieren saber si les quitaron sus hijos y si éstos siguen vivos para conocerlos y poder paliar, aunque sea en parte, el tremendo dolor que han sufrido en silencio durante décadas.