Talleres clandestinos en el polígono Guadalhorce, en Málaga: empresarios alertan de la reparación ilegal de vehículos en las calles

La proliferación de talleres clandestinos de reparación de vehículos en plena vía pública se ha convertido en un "problema estructural" en el polígono Guadalhorce, principal enclave empresarial de Málaga. Pese a que el Ayuntamiento reconoce la existencia de esta actividad irregular, las empresas del parque denuncian la ausencia de actuaciones efectivas para ponerle fin, según la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Guadalhorce (EUCC).

Desde hace meses, el tejido empresarial del polígono viene alertando de que con esta actividad se ocupa "calzadas y plazas de aparcamiento", genera "vertidos contaminantes y compromete" tanto la seguridad vial y laboral como la convivencia en la zona. Sin embargo, en palabras de los afectados, la respuesta administrativa se ha limitado al archivo de las denuncias sin inspecciones ni medidas correctoras.

La situación es “especialmente grave” en el número 87 de la Carretera de la Azucarera a Intelhorce, frente a las instalaciones de la empresa Covei. En este tramo, de unos 300 metros, es habitual encontrar vehículos averiados estacionados durante días, coches en doble fila, herramientas y piezas mecánicas ocupando el espacio público y furgonetas utilizadas como almacenes improvisados. Las reparaciones se realizan "a plena vista", incluso en fines de semana y festivos, "sin control administrativo ni condiciones mínimas de seguridad".

Ante esta situación, tanto empresas individuales como la citada entidad urbanística y la asociación de empresarios de las mininaves del Guadalhorce han presentado escritos ante el Ayuntamiento de Málaga alertando de la reiteración de los hechos, el deterioro progresivo del entorno y el impacto directo sobre la actividad económica. A estos problemas se suman conflictos de convivencia y seguridad, con episodios de vandalismo en vehículos de trabajadores para impedir que aparquen en zonas ocupadas por los talleres ilegales.

La única respuesta municipal, según la plataforma que agrupa a este colectivo empresarial, llegó a través de una providencia del Área de Medio Ambiente, en contestación a las denuncias presentadas por Covei el 2 de octubre de 2025 y ampliadas el 7 de noviembre del mismo año. En dicho documento, el Ayuntamiento reconoce la existencia de talleres ilegales de reparación de vehículos en la vía pública, pero inadmite la denuncia al considerar que los hechos no encajan en la Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes, procediendo al archivo del expediente "sin realizar inspección alguna" y trasladando las actuaciones a otro órgano municipal.

Para las empresas afectadas, la contestación pone de manifiesto una “falta de coordinación entre áreas municipales”, al no activarse competencias clave como Movilidad, Policía Local, Inspección de Actividades o Seguridad. “El Ayuntamiento reconoce que existen talleres ilegales, pero archiva la denuncia sin actuar. Mientras se discute una cuestión formal, la actividad continúa y el problema se agrava”, resalta Antonio López Olmo, director de Covei. Y ello, advierte, “afecta a la seguridad, al medio ambiente y perjudica gravemente a las empresas que cumplimos la ley”.

El conflicto ha trascendido además el ámbito municipal. La Asociación Malagueña de Automoción (AMA) ha presentado una denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil por posibles infracciones administrativas y riesgos medioambientales, especialmente por la manipulación y el vertido de residuos peligrosos —como aceites, combustibles y otros fluidos— fuera de instalaciones autorizadas.

La presidenta de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Guadalhorce, Ana López Caparrós, subraya que “no se trata de hechos aislados, sino de una práctica organizada y reiterada. El Guadalhorce no puede normalizar el incumplimiento de la normativa ni la ocupación ilegal del espacio público en uno de los principales parques empresariales de Málaga”, remacha.

Mientras tanto, asevera el colectivo de empresarios, la actividad ilegal continúa desarrollándose “con normalidad, contraviniendo diversas normativas en vigor y proyectando” una imagen de abandono institucional incompatible con la relevancia económica y social del polígono. Las entidades firmantes reclaman una intervención inmediata y coordinada que incluya inspecciones sobre el terreno, el cese de la actividad ilegal, el control efectivo de vertidos y la recuperación del uso seguro de la vía pública, insistiendo en que su única demanda es el cumplimiento de la ley.