La violencia de género sigue siendo una herida abierta en Málaga. Lina, Pilar, Zunilda y, la última, Eva. Cuatro vidas arrebatadas, en menos de un año. El sistema VioGén, que coordina la protección policial a las víctimas, tiene registradas a más de 5.000 mujeres bajo seguimiento en la provincia –la segunda cifra más alta de Andalucía, sólo por detrás de Sevilla– pero los datos y los hechos muestran que todavía existen vacíos: cerca de 40.000 casos inactivos (aquellos que, temporalmente, no son objeto de seguimiento), valoraciones de riesgo consideradas, a veces, insuficientes por las víctimas y miedo a denunciar. De ese total de víctimas custodiadas, 27 están calificadas como riesgo alto y, sólo una, extremo, con grave peligro de muerte. El resto es identificado como medio o bajo, según los últimos datos del sistema de seguimiento y protección de las víctimas, VioGén.

A fecha 30 de septiembre, casi la mitad de las 5.176 mujeres a las que el Ministerio de Interior tiene protegidas tienen menores a su cargo, 42 de ellos están, también, en situación de riesgo. Detrás de cada nivel de alerta hay una historia de control, de agresiones o de amenazas que exige respuesta inmediata. En los casos con menores, el Ministerio del Interior advierte de una “especial combinación de indicadores” que multiplica la probabilidad de que la violencia se extienda a los hijos o derive en agresiones muy graves o letales.

La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes y adultas, en plena edad laboral y de crianza: el grueso, 2.446, tienen entre 31 y 45 años, 1.226, oscilan entre los 18 y los 30, y otras 1.320, entre los 46 y los 64 años. Un total de 55 víctimas aún no han cumplido los 18 años, mientras que más de un centenar supera los 65. Un perfil que desmiente el mito de que la violencia machista afecta solo a ciertos contextos o generaciones.

El caso de Lina, sin protección pese a la denuncia y asesinada

VioGén ha sido una herramienta esencial, pero los casos indican que incluso cuando están activos o si existen denuncias previas, las medidas no siempre han sido garantes para evitar tragedias. El caso de Lina, que se remonta al pasado mes de febrero, lo ejemplifica. Murió estrangulada y sin protección, pese a la denuncia por amenazas que había presentado. No sólo ella había pedido una orden de alejamiento para su ex pareja, sino también la Fiscalía lo había solicitado el pasado 21 de enero al Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 3 de Málaga, además de la supresión de las visitas. El Ministerio Público se sumó de esta forma a la petición de la propia afectada en su comparecencia ante el juzgado, que decidió rechazar la solicitud de protección. La mujer fue asesinada unas tres semanas después. La familia de Lina veía su crimen machista “un error judicial”. Llevaba un mes en el sistema VioGén, pero no contaba con medidas de protección por tratarse de un caso inactivo. La solicitud, según argumentaba el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), le había sido denegada porque la víctima no denunció malos tratos físicos. Aseguraba haber sufrido “amenazas, coacciones y vejaciones leves por parte de su presunto agresor”, aunque le había levantado la mano sin llegar a golpearla. Los hechos denunciados se consideraron constitutivos de los delitos de amenazas, coacciones y un delito leve de vejaciones. La juez estimó que no existían los presupuestos necesarios para adoptar medidas cautelares más severas. En el sistema de seguimiento tenía catalogado el caso en riesgo medio.

El marido de Eva acabó, presuntamente, el pasado viernes con su vida en una vivienda en Marbella. El cadáver fue hallado con signos compatibles de una muerte para la que habría empleado un machete. Ambos, octogenarios, y oriundos de la Alpujarra granadina, pero residentes desde hace años en la localidad, donde contaban con ayuda domiciliaria. La anciana no había presentado denuncias previas, según la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Tampoco había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer ni de la red de Centros Municipales de Información a la Mujer de la provincia.

En junio, se hacía público en los medios el nombre de Zunilda, que en el mundo del fisicoculturismo profesional, al que se dedicaba en cuerpo y alma, quiso darse a conocer como Amy. Nació en Colombia y tenía 43 años cuando fue asesinada, presuntamente a manos de Jarrod, su marido, de 47, que acabó con ella a martillazos. Llevaban juntos desde hacía cuatro años, pero la relación que mantenían hacía agua: ella quería ponerle fin. Y ese, en palabras de su familia, pudo ser el detonante del crimen. “Estaba decidida a divorciarse, era una decisión tomada que él no aceptaba. Lo haría una vez estuviera con nosotros en Colombia a final de mes y se lo hizo saber a Jarrod”, relataba tras su muerte en declaraciones a este periódico Yuleydis Paola, sobrina de la víctima.

Con Jarrod no tuvo hijos. La pareja contrajo matrimonio en 2023 para sellar su amor. Los familiares nunca se habían percatado de “comportamientos extraños” del que sería el verdugo de Amy. Sabían sólo de las habituales desavenencias conyugales entre ambos. Los primeros datos apuntaban a que la mujer habría fallecido como consecuencia de los múltiples golpes que habría recibido con un objeto contundente, al parecer un martillo. El cadáver del que era su pareja presentaba heridas por arma blanca, compatibles con un suicidio.

Ese mismo mes de junio, la historia se repetía. De nuevo, un crimen machista, en Marbella. Pilar Amaya, española de 53 años, la víctima. Su cadáver presentaba signos de estrangulamiento, según fuentes próximas al caso consultadas entonces. El supuesto feminicida, un ciudadano búlgaro de 47 años, había acabado con su vida, presuntamente, en un descampado. Ella, madre de un hijo mayor de edad, se ganaba unos euros aparcando coches en la explanada situada junto a la calle Vélez, en el municipio marbellí. Estaba siendo atendida por los servicios sociales del Ayuntamiento, pero no había confirmación oficial de que fuera una persona sin hogar.