Después de que la policía estuviese más de 13 horas en La Rosaleda recopilando información del Málaga, la investigación judicial sigue su curso y la gran cantidad de documentos recabados abren un abanico de opciones en lo referente a la instrucción del caso. A medida que se analicen dichos documentos se irá construyendo el panorama institucional del club andaluz y en función de él, el Juzgado número 14 de la capital malagueña decidirá qué hacer. En torno al futuro próximo del proceso ha hablado el que fuese impulsor del último proceso concursal malaguista Bernardo Pinazo.

"Por lo que deduzco de los hechos, las diligencias están bajo secreto de sumario, deduzco no una entrada y registro, pero sí un registro. Eso provocado por varios requerimientos que no han sido atendidos, acordaron una diligencia de registro y se tiraron el tiempo que sea necesario. Y más concretamente la Udef. Por lo cual tiene un poquito de olfato de investigación de algún delito de blanqueo", explicó a Ser Deportivos Málaga.

Pinazo quiso ser cauto, pero también claro: "Por lo que se desprende de vuestras informaciones y de vuestros compañeros, al ser la Udef la que hace el registro, creo que la querella también apuntaba a un posible delito de blanqueo, no sólo de apropiación indebida o administración desleal, sino también de blanqueo. Cuando al juzgado se le pone en conocimiento de algunas cosas tiene que investigar. En este caso, si no se atiende a los requerimientos judiciales que se han efectuado, la única fórmula es entrar a requisar todos los papeles que sean necesarios para lo bueno y para lo malo. Porque un sumario, unas diligencias judiciales tratan de aportar hechos que sean beneficiosos o perjudiciales para determinar la verdad, qué es lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo. Obviamente el blanqueo implica muchísimas cosas".

También abordó lo referente a las actuaciones que pueden ser más inmediatas como la petición por parte de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) de intervención judicial u otro tipo de medidas que interfieran en el funcionamiento actual de la entidad: "Entiendo que si el auto que denegó las medidas cautelares solicitadas por el querellante, que son personas normales y corrientes que tienen una circunstancia y que en este caso son pequeños accionistas, la clave estriba en, y lo diré muy claro para que la gente se entere: hasta que el ministerio Fiscal no diga que adelante, la jueza no va a correr. Si ahora, con los elementos que se tiene el fiscal, que es el que tiene la titularidad de la acción pública contra los posibles delincuentes, dice lo estimo, creo que la jueza lo puede acordar".

Intervenir el club es una medida poco habitual, menos aún el hecho de obligar a Al-Thani a vender: "Desde un punto de vista del derecho, nadie le puede obligar a vender salvo que tuviese las acciones entre dos personas en común. Si son de una persona, nadie le puede obligar a vender. Otra cosa es que si conduce mal o si hace cosas que no están acordes a derecho se le puede nombrar un interventor. No para decir quítate tú que me pongo yo, sino para controlar lo que se hace. A todo esto, la situación deportiva no es muy buena, por no decir otra cosa y nadie le pude obligar a vender las acciones, eso está claro, salvo que haya compromisos como los de Blue Bay, etcétera, que son acuerdos. Ahí depende de la parte que quiera ejecutar parcialmente la sentencia, que haya una sentencia firme, pero eso es tiempo y el tiempo ya sabes que es perjudicial".

Por último ahondó en la posibilidad de tomar medidas para confirmar que el club cumple con sus obligaciones legales: "Entiendo que ahora, a ver qué es lo que han recogido y si de ahí se deduce algo, es posible [intervenir]. Hay un recurso de reposición que es el que se formula ante la jueza, tiene unos días para resolverse, se da traslado a las partes, no se tarda mucho y ahí la jueza puede tener una oportunidad a la vista de los nuevos datos. O con posterioridad que el fiscal diga: esto es conveniente. Acordaros del Atlético de Madrid una intervención también por un asunto fiscal. Ahí sí que se nombró por parte del juzgado una intervención judicial".