El PP en la Diputación de Málaga reclamará en el Pleno provincial del próximo martes a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que se suscriban los correspondientes convenios para eliminar los vertidos y la contaminación del río Guadiaro.

Junto con la cuenca del Genal, estos vertidos constituyen en la Serranía de Ronda el principal punto negro de la provincia pendiente para completar el mapa de saneamiento. De hecho, es una de las "prioridades" del PP en la de institución, por lo que está tramitando en la actualidad la depuradora de Atajate.

En julio de 2017 se firmó el protocolo general de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, por el que se definían las líneas a seguir por ambas administraciones para el cumplimiento de la directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Según este protocolo, las depuradoras pertenecientes a la cuenca del Guadiaro -Arriate, Benaoján, Montejaque, Jimera de Líbar; Cortes de la Frontera y El Secadero-Casares- se incluían en el anexo C con prioridad 3. Esto significa que son actuaciones donde existe doble declaración, de interés general del Estado y de la Comunidad Autónoma prevaleciendo el interés general del Estado y, por tanto, son de ejecución y financiación por parte del Ministerio sujetos a convenios específicos.

Asimismo, se solicitó en marzo de 2018 la redacción de un convenio por el cual el Gobierno de España pudiera utilizar los proyectos, campañas de aforo y estudios geotécnicos para la construcción de la depuradora de Jimera de Libar que cuenta con resolución del procedimiento de evaluación ambiental afirmativo.