El empresario que gestiona los derechos de imagen del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, que murió abatido a tiros en Medellín en diciembre de 1993, ha declarado por videoconferencia este jueves ante la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de Madrid desde la prisión de Alhaurín de la Torre.

El investigado, Olof G, que explota la marca del narcotraficante, es sueco, tiene 33 años y está en prisión desde el pasado diciembre cuando fue detenido en Marbella por una supuesta estafa y blanqueo, según ha explicado a EFE una de las letradas que participa en su defensa, Victoria Eugenia Bautista, que indica que Estados Unidos reclama su extradición.

La declaración ha durado algo más de media hora y el investigado se ha opuesto a la extradición, pero ha autorizado su entrega a Suecia, su país de origen, todo ello en base a la doctrina Petruhin ya solicitada, a la que el fiscal no se ha opuesto.

Pablo Escobar fue abatido a tiros en el tejado de una casa cuando trataba de escapar de una operación policial que tuvo lugar el 2 de diciembre de 1993 en Medellín.

Según las investigaciones de las autoridades estadounidenses, el empresario viajó en 2015 junto a un antiguo socio comercial a Colombia y obtuvieron la licencia del derecho a utilizar el nombre de Escobar, según ha adelantado este jueves Sur.

También explota el nombre y la imagen del narcotraficante junto a uno de sus hermanos mediante la venta de artículos de promoción comercial.

El investigado, Olof G., ejercía como director ejecutivo de la sociedad Escobar Inc., empresa registrada en Puerto Rico, y también vendía diversos productos, entre ellos una criptomoneda con el nombre del capo.

Pero en julio de 2019, el Centro de Denuncias de Crímenes Cibernéticos de Estados Unidos recibió varias denuncias sobre la empresa Escobar Inc. y tras las pesquisas se determinó que podía haber un fraude mundial en el comercio electrónico y una conspiración internacional de blanqueo de capitales.

Presuntamente vendían artículos pero en un determinado momento los clientes dejaron de recibirlos y, además, según la acusación, con los pagos recibidos de las víctimas blanqueaban dinero a través de cuentas bancarias.

El investigado fue detenido en Marbella por la Policía Nacional en virtud de la orden internacional de detención emitida por el Tribunal del Distrito Central de California el 21 de noviembre de 2023 y difundida a través de Interpol.

Su letrada considera que el caso es un asunto civil, no penal. "Todo se debe a una quiebra de la mencionada empresa debido a la pandemia, por lo que la reclamación de productos no entregados debe resolverse por la vía civil, no constituyendo en ningún caso un delito de estafa por cuanto no existe un engaño previo a la venta de los productos derivados de la mercantil Escobar Inc.", ha explicado.

Sobre la ocultación del dinero, también lo niega y su abogada argumenta que el dinero se recibía en cuentas bancarias de las que nunca se ocultó la identidad de sus titulares ni el origen de las cantidades recibidas.

"Tampoco se da el principio de doble incriminación que debe concurrir en los supuestos de extradición por cuanto los hechos que dan lugar a la extradición deben estar tipificados como delitos en España, no dándose dicho supuesto en el caso que nos ocupa", ha recalcado Victoria Eugenia Bautista.

Desde que fue arrestado, el empresario está en prisión a la espera de ser extraditado, como reclama Estados Unidos, a lo que él se niega. Su abogada ha explicado que han apelado a la doctrina europea conocida como "Petruhin".

La doctrina "Petruhin" sostiene que en caso de solicitud de extradición de un ciudadano de un estado miembro de la Unión Europea (en este caso Suecia) a un estado que no es miembro (Estados Unidos), el país de origen es el que tiene la potestad de decidir sobre su extradición.