La Junta asegura que hay “suficiente garantía” sobre la modificación urbanística de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía ha destacado este lunes que existe “suficiente garantía” sobre la modificación de la calificación urbanística de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella para su uso hotelero, de cara a las empresas interesadas en participar en la licitación impulsada en julio para la constitución de un derecho real de superficie sobre el inmueble, asegurando que el estudio de ordenación presentado al Ayuntamiento en noviembre del pasado año se encuentra actualmente “en tramitación”.

Así lo ha subrayado la Junta a preguntas de este diario, recordando que el pasado febrero la Consejería de Economía y el Ayuntamiento de Marbella firmaron un acuerdo por el que la administración local “se obliga expresamente a modificar la calificación urbanística de la Residencia de Tiempo Libre a uso hotelero”, un documento que también cabe recordar que recoge aumentar la edificabilidad en 30.000 metros cuadrados sobre la superficie construida actual. Al mismo tiempo, la Consejería ha señalado que el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que tramita el Ayuntamiento en estos momentos y es accesible al público, “ya recoge la Residencia de Tiempo Libre con uso hotelero”.

El acuerdo suscrito por ambas instituciones incluía además que la Junta se comprometía a presentar un estudio de ordenación al Ayuntamiento de Marbella para su tramitación, asegurando la Consejería que actualmente este documento “se encuentra presentado y en tramitación desde el pasado 15 de noviembre de 2024”, el cual “ha sido trabajado, además, con cultura, medioambiente, carreteras y demás órganos competentes”.

“Toda esta información consta en los pliegos publicados. No obstante, se realizan manifestaciones que omiten dicha información, pareciendo que su objetivo es más bien desincentivar la participación en la licitación”, ha referido la administración andaluza respecto a la publicación de este diario, que asegura que el Ayuntamiento ha decidido no tramitar el avance de estudio de ordenación.

Por otro lado, la Consejería ha asegurado que el pliego de la licitación puede adjudicarse sin que se haya aprobado la modificación urbanística, cuyo plazo de presentación de solicitudes al concurso público expira el próximo 23 de noviembre.

En este sentido, ha señalado que “los pliegos obligan a desarrollar en el inmueble la actividad económica que se considere conveniente, dentro de los usos urbanísticos permitidos por la normativa”, así como ha subrayado que “este uso puede ser el actualmente en vigor -como una residencia de ancianos- o el derivado de la modificación en tramitación”, que persigue cambiar la calificación a equipamiento hotelero.

En este último caso, ha puntualizado que “la licitación contempla que los periodos de carencia y reducción del canon comienzan desde que entre en vigor el cambio de uso urbanístico”, matizando que “antes en consecuencia no se paga”; y que “el plazo para poner en explotación el inmueble comienza a computar desde dicha fecha”. Además, ha agregado que “se contempla la posibilidad de reiniciar gratuitamente la adjudicación si transcurridos 5 años no se ha producido la aprobación”.

Por todo ello, considera que “existe suficiente garantía para los potenciales interesados sobre la modificación urbanística en tramitación”.

Licitación de la explotación hotelera

El conjunto residencial fue inaugurado en 1962, una obra del arquitecto Manuel Aymerich Amadiós concebida como equipamiento público destinada al alojamiento vacacional para trabajadores, y que durante más de 6 décadas ha dado este servicio turístico hasta que fue clausurada por la Administración autonómica en 2024. Numerosos vecinos y colectivos profesionales están en contra del proyecto, que fue presentado por la Junta de Andalucía a los medios de comunicación el pasado junio y licitada la explotación hotelera de la parcela para la constitución de un derecho real de superficie sobre el inmueble en julio a través del BOJA. La adjudicación se hará por subasta por 75 años y las empresas interesadas tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 23 de noviembre.

El convenio entre el Ayuntamiento y la Junta para recalificar la parcela a equipamiento hotelero y aumentar su edificabilidad en 30.000 metros cuadrados fue suscrito el pasado febrero, lo que provocó su rechazo y la creación en mayo de la Plataforma en Defensa de la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella para la preservación del conjunto arquitectónico, que está incluido en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Los pliegos de la licitación -publicada 5 meses después-, establecen que el adjudicatario deberá destinar una inversión mínima de 50 millones de euros en 15 años, así como se fija un canon anual mínimo de 4 millones y la duración de la concesión se establece en 75 años. La Junta de Andalucía conservará la titularidad del inmueble.

Según dio a conocer la administración andaluza en junio, en el proyecto se plantea un edificio de hasta tres alturas en una zona cercana a la A-7, al norte de la parcela, siendo el único área en el que se podrá construir, aunque apuntó que la edificación de un edificio y su estructura dependerá del adjudicatario final. Asimismo, aseguró que la futura intervención no afectará a los actuales bungalós, que deben "mantenerse igual porque están protegidos".

Respuesta ciudadana

La respuesta ciudadana no se hizo esperar, y en agosto, la Plataforma en Defensa de la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella anunciaba que recurriría por la vía administrativa y judicial la licitación para la explotación hotelera del antiguo conjunto vacacional, que fue cerrado tras el acuerdo en noviembre de 2023 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que afectó a todas las residencias de esta naturaleza en la comunidad autónoma al considerar que eran deficitarias.

Entre los motivos del recurso, el colectivo apuntó a las supuestas "numerosas irregularidades" detectadas en el procedimiento administrativo, al presunto incumplimiento de determinados aspectos de la normativa urbanística y a la falta de protección del conjunto como bien incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

El colectivo también presentó denuncias en la Fiscalía contra el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Consejería y en junio presentó una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía por la negativa a facilitar información por parte de las administraciones implicadas, entre otras acciones.