El Gobierno de Bolivia rechazó ayer la decisión de la Corte Nacional Electoral (CNE) de dejar en suspenso la organización del referéndum sobre la nueva Constitución y exigió seguir adelante con la consulta decretada por el presidente Evo Morales para el 7 de diciembre.

El ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, se pronunció sobre la decisión de la CNE de no organizar las consultas decretadas para diciembre si no se solucionan varios "impedimentos legales".

El ministro Arce, uno de los principales asesores jurídicos de Morales, afirmó que la "Corte está obligada a continuar con el proceso porque tiene la responsabilidad legal de hacerlo".

La posición de la CNE consiste en no administrar ni ejecutar la consulta hasta que estén solucionados varios "impedimentos de orden legal", entre ellos que la convocatoria al referéndum constitucional se haga mediante una ley del Congreso y no un decreto.

El Gobierno argumenta que es innecesario aprobar una ley porque entiende que aún está vigente la norma con la que el sector gubernamental convocó los referendos en febrero pasado, en una polémica sesión del Congreso y con el Parlamento cercado por afines a Morales que llegaron a agredir a diputados opositores.

Arce defendió que el decreto firmado por Morales la semana pasada sólo fija la fecha para la consulta constitucional.

El ministro resaltó que la responsabilidad de la CNE "no puede ser incumplida a través de una simple comunicación", y dijo que el Gobierno espera no tener que llegar a estudiar acciones contra los vocales electorales.