Análisis

joaquín Aurioles

Chollo vasco

Ahora que se ponen de moda los cordones sanitarios, conviene recordar que desde hace tiempo existe uno en España sobre el que pocos se atreven a hablar. Me refiero los conciertos fiscales con País Vasco y Navarra. Los vascos son los segundos más ricos de España (32.969 euros de PIB per cápita en 2017, un 31,5% superior a la media española), después de los madrileños, y los navarros los terceros (30.853 euros, un 23,1% más que la media), pero sorprendentemente ambos consiguen beneficiarse del extraño sistema de solidaridad existente en España.

El chollo no está en los impuestos que pagan, sino en la parte que se quedan de los que recaudan (todos, menos la seguridad social), después de negociar con Hacienda su contribución al sostenimiento financiero del Estado. Según la última balanza fiscal publicada (datos de 2014), los vascos son, después de los madrileños, los que más impuestos pagan, mientras que los navarros son lo cuartos, después de los catalanes. En sentido contrario, canarios, extremeños y andaluces son los que menos pagan, debido a que los niveles de renta y gasto son bastante inferiores al promedio nacional.

La lógica desaparece por completo cuando se observa la otra parte de la balanza. El gasto público por habitante es en ambos casos superior al promedio español. En el del País Vasco en 3.134 euros, el más elevado de España, y en Navarra en 1.096, mientras que en Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Valencia ocurre lo contrario, es decir, que tanto el PIB por habitante como el gasto público por habitante son inferiores al promedio nacional.

Desde el punto de vista de la igualdad que establece la Constitución, la situación es un disparate tan insistentemente denunciado por los expertos, como ignorado por la mayoría de los políticos, sin explicaciones. Un secretismo similar al de las fracasadas negociaciones entre el Gobierno y el independentismo catalán sobre los PGE 2019, tan criticado por la oposición, pero olvidando que fue el gobierno de Rajoy el que llevó al límite la grosería cuando, para sacar adelante el Presupuesto de 2017, concedió al Gobierno vasco la renovación repentina de la Ley del cupo, que llevaba atascada desde 2007.

Hasta entonces, el Gobierno de España exigía que la contribución vasca se aproximase a los 1.600 millones anuales, pero los vascos consideraban que no debía pasar de los 850. Las desavenencias desaparecieron milagrosamente, cuando las exigencias del Gobierno se redujeron a 1.200 millones, además de reconocer que, durante los cinco años de vigencia de la nueva Ley, habría que devolverles otros 1.400 millones pagados de más en el pasado. También se aceptó un muy beneficioso cálculo para los intereses vascos de los ingresos territorializados por IVA (que no siempre se recauda donde reside el contribuyente). En total, alrededor de 4.500 millones de euros, según estimación de Ángel de la Fuente (Fedea), que no sólo dan una idea de la magnitud del chollo que supone el concierto para los vascos, sino también un preocupante testimonio de la fragilidad del envoltorio del interés general, cuando los intereses particulares de sus principales defensores se ven amenazados.

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