EL secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, consiguió ayer tarde convencer al comité ejecutivo de su partido de que él no podía ser la cabeza de turco de las responsabilidades políticas derivadas del caso Correa en dicha región. Logró, además, que el presidente valenciano y líder del PP autonómico, Francisco Camps, hiciera caso omiso de las exigencias de la cúpula nacional del PP en el sentido de que Costa fuese destituido como número dos del partido. Al final, el comité aceptó la propuesta de Costa: una comisión interna deberá investigar si ha habido financiación ilegal del Partido Popular bajo su mandato y, mientras tanto, él quedaría apartado de su cargo para no interferir en la misma. La solución parece salomónica, pero en realidad supone una derrota para Mariano Rajoy y su equipo, que en los últimos días han presionado insistentemente para obtener la cabeza de Ricardo Costa como medida inexcusable para apaciguar las consecuencias políticas de la crisis de credibilidad que se acentúa en el PP a medida que se conocen detalles del sumario instruido sobre la trama corrupta de Francisco Correa, El Bigotes y demás. Ya por la mañana Costa había hecho pública su línea de defensa ante el intento de defenestrarle: nadie le advirtió que no debía encargar trabajos a la empresa de El Bigotes, éste ya organizaba actos para el partido antes de que él fuese elegido secretario general y, por otra parte, la responsabilidad de hacer contrataciones públicas -base de la supuesta financiación irregular- no se puede buscar en su persona, sino en las distintas consejerías y en la propia Presidencia de la Generalitat valenciana, aparte de que no ha sido imputado por la Justicia en ningún momento. Con su ofrecimiento de investigación y separación provisional de la secretaría, Costa sale triunfante del ultimátum dictado por Mariano Rajoy y deja a la intemperie al presidente Camps, que no ha sido capaz de desviar hacia su segundo la dinamita política que el caso Correa proyecta sobre el Partido Popular. Un caso que se está convirtiendo en una pesadilla para Rajoy.