LOS trabajadores del Metro de Madrid han ido a la huelga para mostrar su rechazo a la decisión del Gobierno autonómico de aplicarles el recorte salarial que el Gobierno de la nación decretó, y el Congreso convalidó, para todos los funcionarios. Ejercen así un derecho constitucionalmente consagrado, ya que entienden que el ajuste no debe extenderse a los empleados públicos no funcionarios que están sujetos a convenio colectivo, como es su caso. Como todos los derechos, el de huelga también está sometido a limitaciones. La principal, que no debe afectar gravemente a los derechos de otros ciudadanos. Es lo que ha ocurrido en Madrid durante dos días: al no haber respetado los servicios mínimos establecidos por ley, los huelguistas han dañado la libertad de circulación y los intereses de millones de viajeros, que no han podido acudir a sus puestos de trabajo, ni desplazarse para hacer gestiones ni, en general, moverse libremente en el transporte público más masivo y asequible a todas las economías. También se han colocado fuera de la ley los huelguistas al impedir mediante la coacción que otros trabajadores del Metro que no querían hacer huelga pudieran desarrollar sus funciones en el suburbano de la capital y su entorno. Estas modalidades de la huelga han generado una corriente innegable de antipatía ciudadana hacia la causa de los huelguistas y de los sindicatos que los movilizan. Se trata de una situación ya reiterada, que en esta ocasión adopta tintes más radicales al tratarse de un servicio público indispensable para muchos. Pero aparte del deterioro de los sindicatos, cuyos líderes parecen ser los únicos que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, lo que este conflicto pone de manifiesto es la necesidad de que se debata, apruebe y entre en vigor una legislación sobre la huelga que, simplemente, desarrolle el mandato contenido en la Constitución acerca de los límites de este derecho. Se trata de que la huelga de unos cuantos no dañe gravemente el interés de muchos. Ni la reivindicación planteada en una coyuntura de ajuste general, ni el incumplimiento de los servicios mínimos ni el tono empleado por los sindicalistas del Metro madrileño son de recibo.