LA reproducción de viviendas y urbanizaciones ilegales se ha convertido en una auténtica epidemia en Málaga. Las consecuencias de estos años de locuras urbanísticas se han traducido en la apertura de más de 27.000 expedientes sólo en los grandes municipios. Marbella, la comarca de Axarquía, Estepona o Mijas han sido los grandes epicentros urbanísticos en los que se han engendrado un modelo que ha devorado territorios y ha terminado por justificar todo tipo de infracciones al planeamiento urbanístico.

La pasada semana se conocía el dato de que más de 800 construcciones ilegales permanecían levantadas en los márgenes del río Guadalhorce. Al día siguiente de conocerse la noticia los responsables autonómicos echaban balones fuera y aseguraban que las competencias urbanísticas eran de los ayuntamientos. ¿Para qué existe entonces una Consejería de Ordenación del Territorio? El crecimiento de estas infraestructuras ilegales no ha sido posible sin la pasividad de las autoridades municipales y del propio Ejecutivo autonómico, que bien por falta de medios o de ganas han preferido mirar hacia otro lado. La situación es más preocupante si se tiene en cuenta que la ocupación de las zonas inundables es una de los factores que más influyen en que se produzcan inundaciones en los núcleos habitados.

La medida más eficaz contra el urbanismo ilegal es la prevención, algo que ha fallado, y mucho, en la provincia de Málaga. Tanto los alcaldes como la propia Junta de Andalucía deberían poner coto a este desarrollo urbanístico incontrolado en el que los grandes beneficiarios han sido un puñado de especuladores.