AMNISTÍA, regularización, indulto o ley de punto final han sido algunos de los calificativos que ha recibido el decreto que normalizará la situación de miles de edificaciones construidas en suelo no urbanizable, unas 50.000 en Málaga. La medida, en términos económicos, puede que sea rentable a corto plazo, pero a la larga será contraproducente porque afecta a algo tan importante como es el paisaje y a un ordenamiento limpio y sostenible sujeto a las leyes. Con el decreto que la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar mañana, lo que se traslada a la sociedad y a los que han incumplido la ley es que aquí no ha pasado nada. En estos últimos años, vecinos sin escrúpulos se han levantado casas y chalés de lujo con ampliaciones espectaculares que han convertido la Axarquía en un auténtico desmadre urbanístico. Desde luego hay muchos inocentes que compraron su vivienda de buena fe, sin saber el desaguisado en el que se metían, pero la mayoría era consciente de lo que hacía. El texto, que bendice esas tropelías, tiene un evidente tufo electoral. Las comicios autonómicos están a la vuelta de la esquina y no está el PSOE para perder otro puñado de votos. Café para todos es la consigna. Bendecir estos atentados urbanísticos que se han hecho a la naturaleza, al paisaje y al medio ambiente no se comprende de ningún modo cuando se ha incumplido la ley. Tanto que hasta 11 alcaldes y exalcaldes han sido condenados ya por la autorización de viviendas en suelo no urbanizable, decenas de promotores han sido condenados y cientos de causas se apilan en los juzgados. Este decreto, pese a lo que digan desde la Junta, no hace otra cosa que poner el contador a cero obviando cualquier atisbo de rigor jurídico y eliminando la posibilidad de demoler las viviendas que se habían levantado sobre suelo no urbanizable.