MEDIANTE la revisión del PGOU de Marbella, aprobada en 2010, el gobierno municipal del PP y la Junta de Andalucía pretendían resolver el monumental caos urbanístico heredado de las anteriores corporaciones. El asunto más arduo era dar respuesta a la situación de las 16.500 viviendas ilegales construidas bajo los mandatos de las anteriores corporaciones. La decisión política de legalizarlas, atendiendo a las masivas reclamaciones de los afectados, exigía imaginativas soluciones a los redactores del plan. Algunas tan polémicas como imponer cargas urbanísticas a las viviendas legalizadas para compensar los déficit de equipamientos. Pero la sentencia, cuyos redactores dicen entender la dificultad a la que se enfrentaba la corporación municipal, viene a decir que lo que pudo ser una correcta solución política no lo es jurídicamente. Para el TS "no resulta de recibo pretender blindar jurídicamente situaciones de infracción judicialmente declaradas al socaire de un nuevo planeamiento". Sostiene en definitiva que el Ayuntamiento no tiene potestad para legalizar, mediante el PGOU, miles de viviendas construidas ilegalmente.

De alguna forma, la sentencia habla de los límites a la acción política en un Estado de Derecho. No hace falta recordar que los primeros responsable, no únicos, de todo este desaguisado fueron Gil y su banda, convencidos de que el masivo apoyo de sus electores los legitimaba para convertir la ciudad en una república bananera. Pero no deja de ser paradójico que el TS saque ahora tarjeta roja a quienes intentaron arreglarlo de la mejor forma posible. Lo que procedería en derecho sería derribar las viviendas que los tribunales declararon ilegales. Pero el problema además de jurídico lo es también social y político ya que, a la evidente dificultad de ejecutar las demoliciones, se une el hecho de que la mayoría de los afectados compraron en su día viviendas construidas con licencia municipal, con contratos que pasaron por notarias y registros, y pagaron sus correspondientes impuestos.

La sentencia devuelve la situación a la casilla de salida. Vuelta a empezar, ahora además con un ayuntamiento gobernado por una coalición de distintas fuerzas políticas. Pero, tratándose precisamente de Marbella, debería estar fuera de toda duda que la mejor garantía para todos es que la voluntad política de sus gobernantes esté sometida al imperio de la ley. De eso trata la sentencia. Más vale tarde.