BODAS y divorcios se han convertido en los últimos tiempos en un suculento negocio a partes iguales que todos quieren rentabilizar. Es normal que haya quienes pretendan hacerse con un trozo del goloso pastel en estos tiempos en los que casarse, divorciarse y volverse a casar está más que normalizado y parece estar de moda. Pero me parece que eso de dar poder a los notarios para oficiar bodas y autorizar divorcios está un poco forzado. Si el principal argumento de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, que entrará en vigor el próximo 22 de julio, es que se pretende así descongestionar la actividad de los juzgados, a lo mejor sería mucho más lógico reforzar el personal que trabaja en ellos y no delegar en los notarios esta función como si no tuvieran bastante con lo suyo. Son muchas las voces que se han atrevido a criticar que esta ley lo que pretende en realidad es generar un lucro para los notarios en unos años en los que sus ingresos han caído en picado debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria y a la drástica reducción de la venta de viviendas. Y francamente es lo que parece, aunque el Gobierno central ha negado por activa y por pasiva que la nueva norma fomente la privatización de un servicio público. Es más, el argumento dado por el Ministerio de Justicia para defender la medida es que los notarios son oficialmente un tipo de funcionario público. Pero quizás se les olvide precisar que un pequeño detalle y es que los ingresos de este colectivo no sale de las arcas públicas sino de los aranceles que cobran a los ciudadanos que contratan sus servicios. De hecho, casarse y divorciarse ante notario tendrá un coste para el que lo elija. Aún no se ha definido de forma concreta, pero desde luego no será gratuito dar el "sí quiero" ni romper un matrimonio por esta nueva vía. El precio podría rondar los 120 euros y, aunque es cierto que casarse en ante la Iglesia por ejemplo no baja de los 150 euros, ya resulta mucho más caro de lo que cuesta casarse en el juzgado como hasta ahora que es gratis. Cuestión aparte son los divorcios. Los procedimientos judiciales terminan costando un riñón al tener que contratar a un abogado y un procurador para poner fin a un matrimonio. Eso si es de mutuo acuerdo porque si no se corre el riesgo, además, de que se eternice en el tiempo una situación ya de por sí muy desagradable. Aún así, y sea cual sea el motivo que ha llevado realmente a promover esta ley que da más poder a los notarios, a mí se me hace algo raro pensar que haya quien quiera dar el paso de casarse ante ellos y en vez de escuchar eso de "puedes besar a la novia" terminar la ceremonia del enlace con un frío "doy fe".