LA Comisión Europea alumbró ayer dos noticias positivas para España, circunstancia infrecuente en los últimos tiempos. Por un lado, la revisión de las previsiones para la economía española bajó la recesión pronosticada hasta situarla en el 1% del Producto Interior Bruto, lo que es grave, pero no tanto como lo augurado por otras instituciones, como el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco de España, que hacían proyecciones mucho más pesimistas. Por otro, el vicepresidente de la Comisión y comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha admitido que se está trabajando ya con España para flexibilizar el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit público, una demanda que también ha sido suscrita en un documento reciente por los jefes de Gobierno de otras naciones importantes de la UE, como Italia, Holanda y Reino Unido. La tesis del Gobierno Rajoy, que también fue defendida por su oponente electoral, el socialista Pérez Rubalcaba, es que el estado de casi todas las economías nacionales es tan recesivo que el control del déficit llevado al extremo, con subidas de impuestos y recorte de gastos, reducirá el consumo e impedirá durante un largo tiempo la también necesaria reactivación, prolongando la crisis con todas sus consecuencias sociales. En este contexto se sitúa la posición española, que parece abrirse camino entre diversos responsables de la Unión Europea, a pesar de la oposición que hasta ahora mantienen los dos países más relevantes, Alemania y Francia. El comisario Rehn ha advertido, de todos modos, que el Gobierno español debe dar cuenta lo más pronto posible de los presupuestos que prepara para el año 2012 -que Rajoy insiste en presentar a finales de marzo- y que de todos modos, si se admite la flexibilidad sobre el déficit se hará por unas décimas sobre el 4,4% fijado y comprometido. En estos márgenes se mueve la negociación entre la Comisión Europea y España que al menos se reconoce que ya se está planteando. Nos jugamos mucho todos en este proceso.