Uso "agonía" en el sentido que le daba a esta palabra Unamuno (lucha hasta la extenuación de lo que aún resiste, de lo que aún está vivo), porque esa es la situación de nuestro Sistema Nacional de Salud y, más en concreto, del Servicio Andaluz de Salud. Se puede argumentar como "justificación" lo de la Covid, pero la Covid solo ha sido la gota que colma el vaso. Es cierto que, en este caso, más que de gota de cuentagotas habría que hablar de gotas, millones de gotas que acarrearon un maremoto, pero el vaso ya rebosaba desde antes.

El pasado sábado hubo una manifestación en Málaga, apenas concurrida, en defensa de la Sanidad Pública en Andalucía. Es cierto que, con la pandemia, no es el momento adecuado para manifestaciones multitudinarias, aunque las razones y las demandas que allí se plantearon valen la pena ser conocidas. Andalucía es la penúltima comunidad autónoma que menos dinero invierte en sanidad por habitante, justo delante de Madrid que es la última. Con una Atención Primaria desbordada, casi como la hospitalaria, con demoras de meses para los especialistas -pensad, por ejemplo, lo que eso supone en oncología-, con los pacientes crónicos casi abandonados a su suerte, con unos profesionales ahogados en burocracia y agotados física y psíquicamente, con contratos - a veces- de risa, donde recientemente se han despedido a 8.000 sanitarios (1.500 de ellos en Málaga), a pesar de que el Gobierno andaluz dispone de 2.500 millones de euros sin gastar, provenientes de los fondos Covid, transferidos por el Gobierno de la Nación; dinero que, en lugar de reforzar la Sanidad Pública -según se dice-, se estaría gastando en la Sanidad Privada, con el desvío de pacientes…

En fin, lo que se reivindica parece justo: Financiación suficiente de la Sanidad Pública, al menos el 7% del PIB, y un 25% de este presupuesto a Atención Primaria (ahora se destina el 18%); mejoras de la contratación y acabar con la precariedad laboral; aumento de las plantillas de los centros de Primaria, incluido personal administrativo; adecuación de las plantillas sanitarias a las necesidades de salud de la población en todos los niveles asistenciales, volver ya a las consultas presenciales; reforzar la asistencia en Salud Mental, potenciando la red de recursos de la fundación pública Faisem, para la integración social de las personas con trastornos mentales graves…

Hay quienes opinan que nos hemos convertido en un pueblo cansado y sin brío, como esos borregos que, tras el pasto, vuelven al redil balando. Lo justifican por lo de la Covid (¡Todas las culpas a la pandemia!), pero si ahora no luchamos por nuestro Sistema Sanitario, el llanto y el crujir de dientes del mañana serán considerables. Exijamos un debate parlamentario serio sobre la situación del SNS, sobre sus límites y sobre sus posibles líneas de crecimiento. Si no hay un pacto por la salud a nivel nacional y autonómico entre las diversas fuerzas políticas, esta agonía no hay quien la pare. Y no olvidemos que la salud en nuestra Carta Magna es un derecho, no una prestación de beneficencia.