La historia del bono de alquiler joven en Andalucía es la de un despropósito. En enero de 2022 fue aprobado por el Gobierno de España y se libraron las oportunas partidas presupuestarias para su aplicación. Casi 70 millones de euros han llegado a Andalucía para ayudar a los jóvenes andaluces a emanciparse a través del alquiler de una vivienda. Sin embargo, dos años después esos fondos no han llegado a sus destinatarios. Para la Junta de Andalucía debe ser una “paguita”, en la concepción despectiva que tiene la derecha de las ayudas sociales; para 20.000 jóvenes andaluces que lo han solicitado es un apoyo público para empezar a construir un proyecto de vida.

Las excusas de la Junta de Andalucía para no poner en marcha el programa han ido variando a lo largo del tiempo. Lo primero fue echarle la culpa al Gobierno de España. Es un clásico. El problema se plantea cuando el bono de alquiler joven empieza a funcionar con normalidad en todas las Comunidades salvo Andalucía y Madrid. Era difícil justificar la dificultad de implementar el bono solo en estos dos territorios, cuando los restantes ya lo habían hecho. Por ello, a continuación ocurría que no estaba preparada la herramienta informática necesaria para gestionar el programa. Pero aún más llamativa ha sido la reacción última. Al final todo ha sido culpa de un mal funcionamiento de la Consejería de Fomento y, según Moreno Bonilla, “le va a costar el puesto” pero no a la Consejera sino al personal técnico.

Dos reflexiones resultan de este episodio que ha hecho de peor condición a los jóvenes andaluces respecto a los del resto de España. En primer lugar, muestra algunas limitaciones del poder de gasto (spending power) del Estado. En España es habitual que el Estado apruebe un programa social con cargo a los Presupuestos Generales y entregue esos fondos a las Comunidades Autónomas para que los gestionen. Sin embargo, no se reserva una capacidad de control o supervisión de su ejecución. Parece cada vez más necesario un control que pueda culminar en la retirada de los fondos cuando no se está cumpliendo el fin para el que se dieron pues no resulta constitucionalmente posible la ejecución directa en sustitución de la Comunidad, como en Italia. La segunda reflexión es que el responsable político de una deficiente gestión nunca puede ser una jefa de servicio. Lo de echarle la culpa a los técnicos es la peor de las excusas. El responsable es siempre el cargo político, en este caso las consejeras Carazo y Díaz, que no han gestionado bien este programa por ineficacia o por falta de voluntad política.