LA Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictaminado que no es posible sancionar penalmente la conducta de los ayuntamientos vascos que antes del año 2000 cometieron la infamia de dedicar calles o plazas de sus municipios a conocidos etarras, porque hasta entonces el Código Penal no consideraba estos acuerdos un delito de enaltecimiento del terrorismo, ni a los actuales consistorios que mantienen la rotulación, ya que la mera omisión no es delictiva, salvo que la ley lo establezca así, que no es el caso. La idea de que asesinos convictos y confesos puedan ser homenajeados en sus localidades de origen mediante la dedicatoria de calles o monumentos que resalten su figura constituye una afrenta permanente a la memoria de las víctimas del terrorismo y una perversión moral intolerable para el Estado democrático. No obstante, ni siquiera esta indignidad se puede combatir a cabezazos, es decir, pasando por encima de la legislación vigente y del principio de no retroactividad de las leyes: no es aceptable aplicar un Código Penal a conductas que hasta su entrada en vigor no eran delictivas. Eso no quiere decir que el sistema democrático deba permanecer impasible ante estas situaciones. El presidente del Gobierno, al afirmar que "ningún asesino tendrá un espacio de exaltación", ha dado orden a la Abogacía del Estado de que reactive las demandas presentadas en varios ayuntamientos al respecto -paralizadas precisamente por falta de criterio unificado entre los jueces a los que les llegaron las denuncias- , acudiendo a la vía de lo contencioso-administrativo para obligar a los actuales alcaldes y concejales a pronunciarse ahora, cuando el Código Penal reformado en el año 2000 sí permitirá castigar la inhibición de los munícipes al exigírseles la retirada de placas y monolitos. En resumidas cuentas, no ha de tardar mucho el momento en que el Estado restituya la normalidad y erradique de esos ayuntamientos toda actitud de exaltación del terrorismo, pasada o presente, utilizando siempre la legalidad y sin pretender retorcerla o manipular a la Justicia, ni siquiera por una causa justificada.