El frentismo es una construcción política que normalmente se elabora de forma artificial, tratando de ampliar las diferencias con los adversarios para potenciar enfrentamientos y fijar así el voto ciudadano. Es el recurso a la política-emoción de trazo grueso que, ante la fragilidad argumental, pretende remarcar las diferencias buscando una línea divisoria insalvable. El camino para conseguir estos efectos son las descalificaciones llamativas, los insultos ramplones y las acusaciones absolutas. Se intenta conseguir un enfrentamiento maniqueo entre buenos y malos que permiten hacer más encendidos los discursos y más firmes las proclamas.

En esta línea de búsqueda de la controversia mediante la estigmatización del adversario llevamos demasiado tiempo asistiendo a la construcción de un frentismo artificial entre los partidos autoproclamados constitucionalistas (al parecer son solo dos; PP y Cs) y el resto de las formaciones que, de una forma u otra, están traicionando la Carta Magna. Pero lo cierto es que nada está más alejado del espíritu constitucional del 78 que utilizarlo como la trinchera en la que parapetarse para atacar la política de los adversarios. Una ley fundamental que nació con la vocación de integración, defensora de la tolerancia, que alberga en su seno la posibilidad de reforma y que rehuye del criterio de democracia militante, no se merece el uso torticero de los que pretenden hacer de ella un credo exclusivo y excluyente. En este afán de buscar líneas rojas que anatemicen al contrario y lo condenen al infierno de la inconstitucionalidad se llega a la paradoja de negar el carácter constitucional del partido gobernante, lo que supone no solo desconocer la historia reciente y el propio comportamiento político del PSOE, sino que reduce el texto constitucional a un credo político partidista que sólo es defendido por una minoría del propio parlamento español. Estamos ante un lamentable reduccionismo que pretende expulsar del acuerdo histórico de la Transición a todo aquel que no coincida con los exactos planteamientos de la derecha política. Las discrepancias sobre la política territorial o fiscal o internacional nunca pueden ser abordadas como elementos de inconstitucionalidad. Salvo que estemos ante la búsqueda irresponsable de un enfrentamiento artificial. Son estos falsos constitucionalistas los que más debilitan y dañan la Constitución española.