EN estos días en que emprendemos con menos fuerzas que otros años la empinada cuesta de enero, las rebajas ocupan una parte crucial de las transacciones económicas. Lo mismo sucede con el sueldo de los funcionarios, que está rebajado desde hace más de siete meses y, lo peor de todo es que, de vez en cuando, se descuelga algún gobernante con esa inquietante frase, que suena a amenaza, algo así como: "Todavía habrá que hacer más recortes".

Y eso es lo que me ha hecho cavilar. ¿Por qué se ha preferido confiscar el sueldo de un sector de los trabajadores y desdeñado la otra posible medida, que es mucho más igualitaria y legal, la elevación de la tarifa del IRPF para todos los que tienen ingresos? ¿Hasta qué límite puede reducir el Gobierno el sueldo? A algunos nos han confiscado ya el siete por ciento, pero me pregunto si legalmente nos podrían reducir el treinta, el cuarenta, el ochenta por ciento, como sucede en las rebajas de enero. ¿Podría quedarse en el diez por ciento de lo que ganábamos en abril del año pasado?

La pregunta parece absurda porque sería como inquirir si cabría regresar a la esclavitud. Pero en este país lo que son absurdas son muchas respuestas, pues habría quien dijera que el Gobierno es dueño y señor de rebajar los sueldos en la proporción que exija la situación económica calamitosa que estamos padeciendo; que el bien de todos está por encima del bien de un grupo de personas que tienen estabilidad en el empleo. Y los expertos congraciados con el Gobierno contestarían que la Ley permite achicar toda el agua que sea necesaria para que no se hunda el Titanic que ha resultado ser la España de Rodríguez Zapatero. Esto último es de mi cosecha porque esos expertos congraciados jamás reconocerían que ha habido fallos en la navegación. Ya se sabe: todo se debe a las circunstancias externas; se han tomado todas las medidas en el momento oportuno; la rebaja del sueldo de los funcionarios era una de ellas, dolorosa pero necesaria; y bla, bla, bla.

Estos discursos me recordaron lo que escribía Jeremy Bentham: "Los que enseñan la moral del sacrificio no son víctimas del error: quieren que otros se sacrifiquen por ellos". Aquellos que presumían del trasatlántico de lujo que teníamos son los que ahora nos piden más esfuerzos a los que nunca nos subimos en ese imponente artilugio.

El real decreto-ley del pasado 20 de mayo se preocupaba de indicar en su preámbulo que el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público permitía suspender el acuerdo retributivo alcanzado en septiembre de 2009 con los sindicatos. Lo que no citaba el llamado tijeretazo era el precepto del citado Estatuto que permitía rebajar las retribuciones de los empleados públicos, sencillamente porque ese precepto no existe. El Estatuto se refiere únicamente a las cuantías e incrementos retributivos, pero no a las reducciones. La famosa y envidiada estabilidad del funcionario quedaría en una burla grosera si no estuviera acompañada de la estabilidad salarial. Al funcionario no le sirve de nada saber que no le van a expulsar del cuerpo al que pertenece si no tiene la más mínima seguridad de que le van a mantener las retribuciones, si no puede comprar nada que tenga cierta envergadura porque es posible que el Gobierno le meta la mano en la cartera cuantas veces lo exija la acuciante situación económica por la que transitamos.

Una cosa es que el Gobierno suspendiera sus compromisos de incrementos de las retribuciones, que es asunto que ahora está pendiente de resolver por el Tribunal Constitucional, y otra cosa muy diferente es que el Gobierno redujera las retribuciones, porque eso no lo podía hacer, porque eso era confiscar sin indemnización y debe ser declarado nulo por los tribunales.

En este penoso asunto, salvo honrosísimas excepciones, me ha dado la impresión de que los periodistas y los políticos de la oposición tenían una consigna secreta o un velado pacto que les prohibía mencionarlo. El Gobierno ha sabido dar la mordida en la cuantía exacta para que no hubiera un levantamiento popular y ha conseguido dividir hábilmente a los sacrificados, reduciendo a unos el sueldo en porcentajes más altos que a otros, mientras que la subida de sueldos siempre afecta a todos en la misma proporción.

Lo malo es que le haya cogido afición a la medida y pretenda remediar los problemas económicos del país reiterando su aplicación. Por más que lo exijan los que mandan en el mundo, y también aquí, se trata de una medida tan reaccionaria que para pensarla no se necesitaban ministros económicos ni mucho menos esos asesores que tantos euros nos cuestan a todos.