JAVIER Arenas, en una de las escasas propuestas concretas que se le conocen, parece además que con voluntad ejecutoria, reclamó hace días que ningún dignatario público autonómico, local, o de sus empresas públicas, podía tener más haberes que el actual presidente de la Junta (81.500 euros brutos anuales) que representa a 8.300.000 habitantes. Su homónima en Madrid, Esperanza Aguirre, gana 105.883 euros (6.400.000 habitantes) De otra, el mandatario del Gobierno de España percibe 91.980 euros (46.600.000 habitantes)

El PP en Estepona (63.000 habitantes) se puso a trabajar de inmediato. Unió el voto de los cuatro concejales que conservan en el ayuntamiento a los ocho imputados en el caso de corrupción Astapa y a otro concejal del posgilista PES, dejando en minoría al gobierno local que dirigen los ediles que quedan dentro del PSOE y otros no inculpados. De esta forma, rebajaron el salario del regidor, David Valadez, en un 52% (de ganar 81.000 euros, después de haberse bajado el 20% respecto al anterior alcalde, pasará a 38.500 euros). También descendieron a la mitad el de los ediles en el gobierno (de 70.000 a 35.600 euros). Esa drástica austeridad se cortó por los de la iniciativa, es decir, la oposición, que sólo se congeló sus honorarios (27.500 euros)

El alcalde de Málaga (79.873 euros y 570.000 habitantes) puso en solfa la decisión de Arenas (a la vez, el PP indicaba que el presidente de la Diputación gana 104.000 euros) tildándola de "compleja" ya que cuenta con responsables laborales de dirección que cobran los 200.000 euros. Por ello, recibió la oportuna reprimenda de su jefe de filas. Respondió, primero con el pero de espera a un acuerdo andaluz, y, tras la gota fría que le cayó del vecindario, con una limitada rebaja sólo para los de contratos maximalistas.

El PP comenzó esta odisea sobre los cargos públicos en Estepona porque no cuenta con calendario para aplicarlo allí donde gobierna; casos de las alcaldías de Huelva (97.100 euros y 148.000 habitantes), Almería (85.000 euros y 188.000 habitantes) o Fuengirola (81.000 euros y 69.000 habitantes). El secretario del PP de Málaga, arguyó que lo acaecido en Estepona formaba parte de la independencia de que gozan los ediles del PP, sembrando dudas de su extensión. Mal chiste eso de que los concejales sean autónomos de los partidos políticos.

Si introducimos la variable, en vez de los habitantes, de los presupuestos públicos, el surrealismo en los sueldos es mayor. Málaga gestiona 900 millones de euros, Diputación: 325 millones de euros, Andalucía: 33.764 millones y España: 480.000 millones .

La no regulación de los sueldos públicos, asignatura pendiente desde la transición, erosiona gravemente las instituciones democráticas y genera en la ciudadanía desazón y divorcio con todo lo que sea política y políticos, más en época de crisis. El oscurantismo del Consistorio de Málaga, publicando tardiamente, con asignación anónima y horquilla salarial, lo que cobran sus altos cargos, denota el desprecio a la transparencia, más cuando de dinero público se trata.

No sé si Arenas y el PP van a poder controlar la caja de Pandora que han abierto, pero el camino iniciado tiene difícil reductora. El PSOE, tras lo de Estepona, preparó de inmediato, allí donde está en la oposición, mociones a presentar contra los sueldos de los ediles, asesores y alcaldes del PP, y viceversa. La batalla está servida. Ante ello, se hace urgente coger el toro por los cuernos; además, ambos partidos lo necesitan para poner orden en sus filas y así evitar desmadres y nuevos escándalos.

Sin embargo, no todo el problema obedece al salario de los cargos públicos electos ¿Cuántos ayuntamientos, como el de Málaga, deben paliar el déficit de sus equipos políticos con auténticos gobiernos en la sombra plagado de súper remunerados asesores "de confianza" que cubren el vacío que dejan unas listas electorales pensadas en claves orgánicas de partido y no para la eficiente marcha de la administración? Poner fin a esta sinrazón no es baladí, obliga a cuestiones vitales relacionadas con la calidad de nuestra clase política.

Hay que honrar y regenerar la dirección de nuestras instituciones, de quienes nos dirigen en lo político y en lo administrativo; además, acabando con la confusión reinante entre partido político e institución. Contemplar la política no como profesión sino, con sus variantes ideológicas, como vocación de servicio público hacia los demás; por tanto, no mimética al sector privado y su abanico remunerador. Ello no obvia la necesaria dignificación, pero con la exigencia de que en la selección política o funcionarial se prime el mérito, la capacidad, la experiencia y especialización, de cara a captar lo más brillante, esforzado y responsable de nuestra sociedad. Por el contrario, barrera insuperable para quienes aspiran no a servir, sino a servirse de los presupuestos públicos. Tampoco para enganche, aprovechándose de las listas electorales cerradas, de profesionales fracasados, o de los que sin currículo, que no solo es titulitis, pretendan en un vértigo recorrido, como dijo un avezado político, pasar del fracaso escolar al coche oficial.

Debería ser el Congreso de Diputados, salvaguarda de nuestra unidad política y de mercado, quien regule mediante ley esta substancial materia, evitando los disparatados agravios que del mismo modo se dan en el territorio nacional. Es pues el momento para que esos cambios se realicen en profundidad y a través del consenso. No podemos seguir de escándalo en escándalo, de bronca en bronca y con la ciudadanía indignada. Dejemos ese noble legado y honremos a los que en el futuro se dediquen con vocación, pasión y preparación a la noble tarea de lo público