LA discusión sobre el orden de los apellidos sólo tiene interés psiquiátrico: demostrar el grado de retorcimiento mental de la España contemporánea, en particular de la España que respira por el pulmón derecho. La impaciencia por tocar el poder promete sacar a la luz los aspectos más cavernícolas sobre los que se fundamenta el pensamiento conservador. Colocar apellidos era, hasta ayer, una trivialidad. Hoy es una cuestión de honor ligada a terribles pensamientos de holocausto. Hace diez años yo mismo sacrifiqué mi García sin ningún apuro. Hoy temo la cruel venganza de los García. Ayer desaparecía un Zunzunegui y ganaba un Abad y ningún político derramaba una lágrima por todos los Zunzuneguis extintos y, ni mucho menos, un columnista componía un elogio funeral por ese crepuscular apellido. Pero desde que el Gobierno, con una lógica aplastante, ha anulado la primacía del apellido paterno, se ha liado una bronca tormentosa y peregrina. Veamos: primero se da por supuesto que padres y madres compiten a duelo por la prelación del apellido. E incluso se teme el fin de la familia. La derecha inventa argumentos porque no se atreve a exponer el de la preeminencia del macho. Un jurisperto dice que en caso de litigio debe decidir el juez, como si los jueces tuvieran una sensibilidad especial para los Zunzuneguis o los abades. Y así vamos perdiendo la cabeza.