Reconocimiento de las personas mayores

En 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad, con dos objetivos fundamentales: concienciar a la población en temas relacionados con el envejecimiento y el lugar que ocupan las personas mayores en nuestra sociedad y, promover políticas y programas públicos centrados en ellas para que éstas, permanezcan mucho más tiempo activas dentro de la sociedad.

El cambio demográfico que está sufriendo la población mundial, ligado a una mayor esperanza de vida y al descenso de la natalidad, replantea la necesidad de reforzar las políticas públicas orientadas a garantizar el bienestar social y la calidad de vida de las personas de edad.

Málaga no es ajena a este cambio. En 2021, el 18% de la población lo ocupan personas de 65 años en adelante, (291.500 personas), y la evolución proyectada para el 2040, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, será del 29%, (503.115 personas). De ahí la necesidad de preparar a la sociedad y fortalecer las instituciones públicas para gestionar este flujo de personas mayores en las mejores condiciones posibles.

Cabe destacar la diferencia cuantitativa en un 12% de mujeres mayores de 65 años y hombres mayores de esa misma edad, es la llamada "feminización del envejecimiento". Este hecho pone de manifiesto la necesidad de incluir la perspectiva de género en todas las políticas: sanidad, seguridad social, servicios sociales, vivienda, ocio y cultura hacia las personas mayores.

Este año más que nunca, se presta especial atención a las personas mayores tras las dramáticas consecuencias de la epidemia provocada por el Covid-19. Las tasas más altas de fallecimientos se han concentrado en este colectivo. La emergencia sanitaria ha puesto de relieve el sufrimiento, la vulnerabilidad y el aislamiento que sufren estas personas. Se han evidenciado las deficiencias del sistema público sanitario, fruto de los sucesivos recortes y las continuas privatizaciones que se remontan al 2008.

El gasto sanitario público en sanidad se redujo en un 11,21% en 2018 con respecto a 2009, llegando a su nivel más bajo en el 2013 (un 12,7% más bajo que en 2009). En contraposición, a medida que disminuía el gasto de las administraciones públicas, aumentaba el del sector privado, pasando del 24,58% en 2009 al 29,54% del gasto sanitario total en 2018. El gasto sanitario por habitante de las administraciones públicas en 2018 fue solo un 1,6% mayor con respecto al 2009, mientras que el gasto del sector privado, entidades privadas en la provisión de servicios sanitarios, fue un 30,9% mayor en el 2018 con respecto al 2009.

Desde CCOO consideramos que un sistema que no garantice, como principios fundamentales, el derecho a unos servicios públicos de calidad, equitativos y universales, tanto sanitarios como de cuidados en dependencia, supone una amenaza para la salud de la población e incrementa la brecha de la desigualdad.

En nuestra provincia, la tasa de dependencia de la población mayor de 64 años es del 27,40%, (cerca de 80.000 mayores), un 0,57% más personas dependientes que la media andaluza.

Esta crisis sanitaria también ha evidenciado la gestión ineficiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en cuanto a la Dependencia. Así, Andalucía es la segunda comunidad con más tiempo de espera para la resolución de expedientes de dependencia, (621 días cuando la normativa establece un plazo máximo de 180 días). Lo más trágico de esta situación es que un total de 6.306 personas han fallecido en los primeros siete meses de 2021 en listas de espera para recibir prestaciones o servicios de la ley de dependencia en esta comunidad autónoma.

Otro de los pilares sobre los que se asienta nuestro estado de bienestar son las pensiones. En la provincia de Málaga, hay 86.006 mujeres mayores de 65 años que cobran una pensión media contributiva que no llega al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 817,20 euros. Mientras que en el caso de los hombres, la pensión media contributiva sí supera el SMI. Por otro lado, la pensión media no contributiva en los varones mayores de 65 años, (3.057) es de 357,19 euros, mientras que la de ellas, (10.435) es de 348,49 euros. Estos datos evidencian una realidad social que en CCOO denunciamos a diario. Por una parte, la brecha de género en detrimento de la mujer, y por otro lado, la carga de marginalidad y pobreza que subyace en el salario de estas compañeras con estas pensiones. Aún queda pendiente el aumento de las pensiones mínimas y por otro lado la derogación de la Reforma Laboral del 2013.

Pensiones, sanidad y la dependencia son pilares fundamentales sobre los que se asienta el estado del bienestar. Para CCOO, la apuesta por los servicios públicos garantiza los principios de calidad, equidad, eficiencia, solidaridad y universalidad y estos principios tienen que fundamentar los derechos que acompañen la etapa en la tercera edad.