Fraude, malversación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento público, cohecho, prevaricación, actividades prohibidas a funcionario público… Esos son los delitos que la primera instructora del caso Astapa, Isabel Conejo, imputó a algunos técnicos del Ayuntamiento de Estepona. Esta semana, tras el segundo levantamiento parcial del secreto de sumario, el Ayuntamiento va a empezar a expedientar a los trabajadores que, presuntamente, han solicitado el pago de dinero a cambio de la adjudicación de licencias, que han infravalorado los terrenos municipales o que han percibido ingresos por parte de empresas con intereses urbanísticos en la localidad costasoleña.

El alcalde, David Valadez (PSOE), explicó ayer que la decisión se ha adoptado "a raíz de los acontecimientos dados a conocer tras el levantamiento parcial del secreto de sumario del caso Astapa". El regidor explicó que, conociendo estos datos, "por parte del Ayuntamiento de Estepona, evidentemente, no podemos permanecer impasibles ante la gravedad de los delitos que se le imputan a algunos trabajadores que prestan sus servicios en el Consistorio".

El regidor señaló que "los delitos que se imputan son muy graves y por supuesto hemos de actuar con celeridad, con claridad y con una contundencia que estoy convencido que es la que reclaman la enorme mayoría de los ciudadanos de Estepona, el sentido común y la necesidad de que se retome el vuelo en cuanto a la situación institucional del municipio". Los expedientes serán individuales atendiendo a cada caso concreto.